Finalmente, la Oficina Anticorrupción (OA) dictaminó sobre la situación del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, por la “retribución excepcional” de $500.000 que recibió de la Sociedad Rural Argentina el 16 de noviembre pasado, es decir, cinco días antes de su designación formal.
“No resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública (art. 2 Ley 25.188 y 9º Decreto 41/99)”, consideró el organismo que conduce Laura Alonso en un comunicado oficial.
En ese sentido, aclaró que su recomendación se sustenta en el “deber de prudencia” previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública, que sostiene que “el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.
Además, la OA en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública recordó a Etchevehere su deber de “abstenerse de intervenir en ejercicio de la gestión pública en cuestiones particularmente relacionadas con la Sociedad Rural Argentina”.
“En caso que se presente una situación de este tipo, el ministro deberá comunicar su excusación al señor Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo“, subrayó.
Por último, el organismo remarcó que la resolución se encuentra en sintonía con lo pronunciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2003: “Cuidar el interés público es la principal misión de los gobiernos y las instituciones públicas. Los ciudadanos esperan que cada uno de los servidores públicos realicen sus tareas con integridad, de una manera justa e imparcial… ”. “Se espera que los funcionarios e instituciones públicas se comporten de una forma que puedan soportar el más estrecho escrutinio público. Esta obligación no está cumplida completamente, simplemente actuando dentro de la letra de la ley; también implica el respeto de los valores de la función pública más amplios, como el desinterés, la imparcialidad y la integridad”.
