Según publicó Confederaciones Rurales Argentinas: “Varios productores del norte de Córdoba se acercaron hasta la Sociedad Rural de Jesús María, para denunciar intimaciones por parte de organismos no oficiales, que amenazan con acciones legales en caso de no declarar sus reservas de semillas, recordando que el origen de la semilla y la reserva de la misma, sólo debe informarse ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE)”.
“Dicho organismo es el único ente facultado para exigir este tipo de información, razón por la cual no corresponde brindar datos privados a empresas multinacionales -o a sus agentes intermediarios- que muchas veces insisten mediante notificaciones intimidatorias, amenazas y cartas documento”, detalló la entidad.
Hace unos años, “las grandes empresas productoras de semillas le exigieron al Estado el cobro de un canon por su tecnología y eventos genéticos. El argumento era que si todos los productores reservaban parte de sus semillas para su posterior uso propio, estas grandes compañías no iban a tener un recupero económico, para reinvertir en materia de innovación y tecnología de semillas”, explica CRA.
“El Estado dio lugar a dicho requerimiento y estableció que el productor tenía la obligación de informar todos los años ante el INASE cuántas semillas nuevas iba a comprar, cuántas iba a almacenar y las variedades que tenía, además de adjuntar sus facturas de compra”, argumentaron.
Ahora bien, “existen empresas y organismos no oficiales a la par del INASE, que están reclamando al productor esa misma información mediante notificaciones intimidatorias cuan AFIP”, denunciaron varios productores del norte de Córdoba que se acercaron hasta SRJM.
“Son empresas privadas, que seguramente les pagará Monsanto o no sé quién, y llegan al punto de mandarte intimaciones para que vos te asustés. Hay un montón de productores que no saben y mandan esa información, pero claramente no son empresas autorizadas por el Estado”, denunció una de las productoras damnificadas.
“Es una persecución a los productores. Incluso, la empresa Monsanto está contratando a ingenieros agrónomos y los está mandando a los campos para inspeccionar, pese a que no tienen el poder de la policía para ingresar. Es una información privada que no tenemos la obligación de dársela”, reclamó otro productor.
