Ante el Decreto 794/17 del Gobierno Nacional, por el cual se crea una empresa denominada “Corredores Viales S.A.” y así transfiriendo funciones y misiones que cumplía la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AGPyPSVN) y el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), realizaron una conferencia de prensa en la sede del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA),
“Reemplazar a la Dirección Nacional de Vialidad por Corredores Viales S.A. implica la posibilidad de terminar definitivamente con las acciones, competencias y controles ineludibles de un organismo del Estado Nacional que evidentemente perturba los negocios e intereses de la patria contratista, los amigos del poder, y molesta el accionar de las empresas que conforman el selecto y nefasto club de peaje”, manifestó el Comité a través de un comunicado, al tiempo que aseguraron que el Decreto es “antidemocrática” y una medida “inconsulta”.
Y continúa: “De concretarse este atropello, las rutas, autopistas, autovías y obras viales, y en definitiva toda la red vial nacional, pasarán a ser instrumentos de negocios particulares de unas pocas empresas privilegiadas y engranajes de un círculo vicioso de hiper endeudamiento externo y fuga de capitales. Una hipoteca a largo plazo que hoy pocos pueden advertir, pero que mañana las próximas generaciones de argentinos deberán con mucho esfuerzo hacerse cargo de estos multimillonarios pasivos en moneda extranjera contraídos con total irresponsabilidad a través de estos mecanismos”.
“El Gobierno Nacional se adueña del Estado y de sus bienes, convirtiendo a los organismos nacionales en empresas privadas al servicio de unos pocos, mientras obliga a sus empleados a salir de la órbita estatal, perdiendo derechos. La DNV deja de operar bajo la órbita del Estado Nacional para pasar a ser una S. A. bajo las reglas de la Ley de Sociedades, sin licitaciones públicas ni reclamos por vías administrativas, y fuera de los controles propios de cualquier ente estatal”, disparó la CONADUV.
El comunicado finaliza con el reclamo: “que los caminos son de dominio público, pagados con creces con nuestros impuestos, y no propiedad de un gobernante o funcionario público. Antes de tomar este tipo de resolución, se debería haber convocado al Personal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a las entidades de usuarios viales directos e indirectos y pudiendo participar en la toma de decisiones que deben darse en defensa del interés general”.
Y con el pedido para “implementar un serio Proyecto Vial, libre de peaje, que contemple a toda la red caminera del País, a través de la reasignación efectiva de los fondos que se recaudan del Impuesto a los Combustibles, y rejerarquizar definitivamente a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), para que sea el Organismo Rector y Ejecutor de toda la política vial de la Argentina”.
