Continúa la pelea entre Tucumán y Córdoba, luego de que esta última ordenara la prohibición del azúcar a la vista en bares y restaurantes de la provincia. Esta semana, representantes del gobierno de Tucumán se reunieron con industriales azucareros y acordaron realizar una presentación administrativa ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para que emita una resolución en la que se deje en claro que “todo lo obrado” por la Municipalidad de Córdoba “violenta principios básicos que están previstos en la Constitución Nacional que hacen a la convivencia de los distintas provincias del país”.
Así lo señaló el Fiscal de Estado, Daniel Leiva, quien encabezó la reunión y aseguró que siguen trabajando en la redacción de una presentación judicial por el tema. “Se dictó una ordenanza distorsiva para el mercado y como tucumanos nos afecta”, expresó.
“No vamos a quedarnos quietos ante los ataques de una ciudad hermana. No entendemos lo que pueda haber detrás de esta decisión porque no sólo afecta a Tucumán, sino también a Salta y Jujuy”, declaró, por su parte, la empresaria azucarera Catalina Lonac.
En ese sentido, indicó que “los tucumanos nos unimos a través de todos los factores y estamos trabajando en forma mancomunada para tener un tratamiento efectivo de este tema”.
“Más allá de una cuestión administrativa o judicial, la gente no es tonta. Lo que dice Córdoba es: sos gordito o tenés cáncer, y eso es inadmisible”, disparó.
En tanto, Erika Zain El Din, secretaria de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de la Producción, lamentó que “una actividad agroindustrial que se está modernizando, diversificando sus productos, con ingenios más competitivos” se vea “de pronto fuera del mercado”.
“Vamos a seguir defendiendo esta actividad que involucra el trabajo de muchos tucumanos y de una manera u otra repercute en la económica de la provincia”, remarcó.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción. Su misión es proveer a la “defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”, conforme lo consagra el artículo 42 de la Constitución Nacional. Para ello lleva a cabo la instrucción de sumarios por denuncias de conductas anticompetitivas y abuso de posición de dominio; realiza el análisis estructural de los mercados y de la cadena de control empresario en operaciones de concentración económica; investiga el comportamiento y las estructuras en determinados mercados, y realiza recomendaciones pro competitivas y acciones de promoción de una cultura de la competencia.
