El diputado nacional Julio Solanas presentó en Entre Ríos un proyecto de ley que propone penalizar las fumigaciones aéreas o terrestres que se realicen en las proximidades de una población.
La iniciativa apunta a una modificación del Código Penal por el que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años y multa de $50 mil a $100 mil, a quien realice fumigaciones aéreas, o que siendo terrestres lo fueran menos de 2.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, instituciones escolares y centros de salud”, según indicó el texto de la normativa que difundió la agencia APF.
De esta forma, se condenarán las fumigaciones que se realicen mediante la “utilización de productos químicos y/o biológicos de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes, cuya implementación provoque riesgos para la salud, alterando de forma significativa y duradera zonas geográficas en detrimento de todo tipo de vida, ya sea humana, animal o vegetal”.
“Siguen existiendo falencias en cuanto a la posibilidad de contar con instrumentos penales de protección del medio ambiente”, explicó Solanas, al tiempo que indicó que se debe combatir “al que daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de poder alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”.
En tanto, consideró que “sin lugar a dudas esto nos lleva a ponderar específicamente la conducta de quienes actúan poniendo en riesgo y afectando el derecho a la vida, a la salud, incurriendo en un obrar ilegal y manifiestamente ilegitimo”.
“Es por ello, que consideramos necesario establecer nuevas herramientas, a fin de que la población pueda contar con medios eficaces que amplíen el resguardo de los derechos humanos comprometidos, como la vida, la salud, y la preservación de un ambiente sano”, agregó el legislador.