La Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Sociedad Rural de Santa Fe y la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, manifestaron su malestar y preocupación frente a la idea del gobierno de la provincia de revaluar los inmuebles urbanos y rurales, para ajustarlos al valor actual.
“La fuerte transferencia de recursos monetarios de los sectores privados al Estado, profundizada en los últimos años, opera como una condicionante para la reactivación de la dinámica económica, ya muy castigada por eventos climáticos y por la falta de obras hídricas y viales en todo el territorio de la provincia.
Remarcamos que la carga fiscal que pesa duramente sobre vida cotidiana de las familias santafesinas y sobre los sectores de la economía real, abreva no sólo en las obligaciones tributarias en sí, sino, además, en el costo de los servicios esenciales como agua y cloacas, energía eléctrica y gas – cuyos aforos contienen un fuerte componente impositivo-, y en la aplicación de tasas con fines específicos”, dijeron las entidades en un comunicado.
En el texto, incluyen un detalle de los incrementos en materia de impuestos provinciales de los últimos años: “la ley 13.065/2009 (Presupuesto Provincial 2010), ley 13.286/2012 de reforma tributaria, la ley 13.404/2014 (Presupuesto 2014), la ley 13.463/2014 (Presupuesto 2015), la ley 13.525/2015 (Presupuesto 2016), y la ley 13.617/2016 (cambios al Código fiscal y Ley impositiva 2017)”, enumeraron.
Para las tres organizaciones, “esto implicó que mientras que la inflación acumulada entre 2008 y 2016 fue de 760,9%, el incremento de la recaudación total fue de 1.166%. En particular, en lo que respecta al Impuesto Inmobiliario, se destacan los años 2010 y 2013, cuando la recaudación por ese tributo creció un 114,7% y un 66,9%, respectivamente, mientras que el incremento de inflación fue del 25,7%, y del 27,9%. En dicho contexto la participación de este impuesto sobre el total de la recaudación provincial se mantuvo en torno al 8%, acercándose al 10% en los dos años mencionados. Entre tanto, la participación del Impuesto a los Ingresos Brutos pasó del 69% al 73%, entre 2008 y 2016”, precisaron.
Y destacaron que la carga tributaria de los impuestos provinciales sobre el conjunto de la economía creció un 57% (pasando de 3,5% a 5,5%, entre 2008 y 2016).
En cuanto a los gastos ejecutados por la Administración Provincial, de acuerdo a las entidades, “se registra un incremento del 1.164%, entre de 2008 y 2016; mientras que la planta de personal de dicha administración se incrementó en 28.893 puestos (26%), entre diciembre de 2007 y 2016. A diciembre de ese año, totalizaban 139.647 personas las que integraban el sector público provincial”.
Las organizaciones económicas firmantes dejaron en claro su “oposición a cualquier medida de índole fiscal que pueda significar o producir un incremento de los niveles de carga tributaria tanto para los inmuebles urbanos como para los rurales”, e instaron a “una utilización prudente de los ingresos del Estado”.
De acuerdo a las entidades, “la necesidad de un “Estado presente”, en la mayoría de los casos, no pasa por el incremento cuantitativo de su planta de funcionarios o de personal y del gasto político, sino por una mayor eficiencia en los procesos de gestión ejecutiva, legislativa y judicial, con medición de resultados”.
