Estamos en un año electoral y en las diferentes jurisdicciones argentinas se vienen muchas inauguraciones y reinauguraciones de obra pública. Lo que no todos saben, es que buena parte del dinero destinado a ese propósito proviene directamente de los bolsillos de los empresarios agrícolas.
Según datos provistos por el Ministerio de Hacienda, en los dos primeros meses de 2017, el Estado nacional transfirió a los gobiernos provinciales un total de 8.409 millones de pesos para realizar gastos de capital, de los cuales 2.159 millones derivaron del Fondo Federal Solidario -conformado con el 30% de lo recaudado por el Gobierno nacional en concepto de derechos de exportación para la soja-.
De modo tal, los productores sojeros aportaron los recursos necesarios para financiar un 25% del presupuesto provincial de obra pública en el primer bimestre del año. Con el objeto de analizar esta realidad, la Sociedad Rural de Jesús María entrevistó al Lic. en Economía, Víctor Peralta, quien se desempeña como asesor/consultor privado y analista de la actualidad financiera.
– Víctor, ¿cuándo entró en vigencia el Fondo Federal Solidario y con qué finalidad?
– El 19 de marzo de 2009, bajo el gobierno de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, se creó el Fondo Federal Solidario -FOFESO-, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia -Decreto Nro. 206-, con la finalidad de financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar dichos recursos para el financiamiento de gastos corrientes.
– En concepto de “regalías sojeras”, ¿cuánto aporta la provincia de Córdoba al Fondo Federal Solidario? ¿Su aporte es proporcional a la retribución que recibe del Estado Nacional en concepto de obras públicas?
– La provincia de Córdoba aporta más de lo que recibe por el FOFESO, ya que en primer lugar este Fondo se conforma con el 30% de lo recaudado por el Gobierno nacional en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados. Es decir, el restante 70% se lo queda la Nación, la cual aplica dichos recursos a financiar tanto gastos corrientes como de capital, los cuales pueden realizarse en cualquier jurisdicción que integra el país. Se estima que Córdoba aporta entre un 25% y 26 % del total de fondos que reparte el FOFESO, es decir, que si en 2016 se repartieron 20.500 millones de pesos, según datos actuales, Córdoba aportó 5.100 millones de pesos, pero recibió en 2016 la suma 1.758 millones de pesos. Claramente, la provincia es aportante en este Fondo, lo mismo ocurre con Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
– ¿Qué opina el empresariado agrícola de las retenciones a la soja? ¿Cree que hay que eliminarlas o piensa que son necesarias para el país?
– Entiendo que al empresariado agrícola no le hace gracia tener que pagar este tributo dado que impacta directamente en su rentabilidad, más aún si tenemos en cuenta la presión tributaria que recae sobre el sector por los impuestos nacionales y provinciales que gravan la actividad. Las retenciones se implementaron siempre en Argentina con un criterio fiscalista, es decir, el Estado perseguía aumentar su recaudación, y no utilizar el impuesto para generar incentivos para la producción de otros cultivos, o industrializar el grano generando mayor valor agregado. Esta nueva administración eliminó las retenciones a todos los cultivos salvo a la soja, pero si redujo su alícuota y asumió el compromiso de eliminarlas en el tiempo, disminuyendo la alícuota de manera gradual todos los años.
– Otros sectores de la economía como el petróleo y la minería, ¿aportan del mismo modo que el agro?
– Los sectores mencionados aportan a la economía nacional en menor medida que el agro tanto desde el punto de vista del comercio exterior, como en términos de valor agregado en la economía.
-Desde que asumió el nuevo Gobierno, ¿cuáles fueron los cambios en lo referido a derechos de exportación?
– Los dos cambios más importantes para el sector fueron la baja de retenciones y la unificación del mercado cambiario, previa devaluación de la moneda nacional. Ambas medidas tuvieron un impacto directo y positivo en la rentabilidad del sector.
