Por el atraso en los pagos, los vendedores transfieren al menos 100 millones de pesos a la industria y la exportación. La cifra solo refleja lo ocurrido con el comercio de soja y surge del costo financiero que implica la demora por cada 30 días en el pago del 2,5% descontado del precio final de los granos.
La Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, junto a los productores nucleados en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA), presentaron una carta al subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Lic. Jesús María Silveyra, solicitándole instrumente los mecanismos a su alcance en procura de la normalización del mercado de granos.
La iniciativa responde al incumplimiento por parte de los compradores finales de los artículos 37 y 38 de las “Reglas y Usos del Comercio de Granos”, convenidas y suscriptas formalmente entre todos los sectores de la producción y el comercio.
Dichos artículos refieren a los plazos para el pago de las liquidaciones. En su artículo 38, el documento sostiene que cuando la mercadería entregada esté en condiciones y calidad conforme se debe pagar el 100% del precio dentro de las 72 horas hábiles de presentada la liquidación correspondiente. A su vez, cuando se trata de granos sujetos a análisis, según el artículo 37, el saldo se abonará dentro de los 5 días hábiles de presentada la liquidación final.
“Lamentamos mucho afirmar que los compradores finales (industriales y exportadores) no cumplen con ambas reglas al descontar el 2,5% del precio final aún en caso de mercadería conforme y pagando la liquidación final con más de 30 a 60 días de atraso”, sostienen las entidades que formulan el reclamo.
“Esta situación genera una grave distorsión en el mercado de granos y ocasiona una injustificada transferencia de ingresos de los vendedores (productores, acopiadores y cooperativas) a favor de los compradores finales (industria y exportación) que sólo en el caso de la soja asciende al orden de los 100 millones de pesos”, si se computa únicamente el costo financiero que implica la demora de un mes en pagar el 2,5% retenido, explican en la carta remitida al subsecretario Silveyra.
“Estas anomalías fueron tratadas en reuniones intersectoriales durante 2016”, recuerdan y explican que estos encuentros fueron convocados por la Federación de Acopiadores y coordinados por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
“Desde entonces, las empresas compradoras de granos no han mostrado voluntad de instrumentar el cumplimiento de los compromisos asumidos”, dice la carta. “En los hechos, esto nos coloca frente a una inaceptable distorsión en la formación de precios y su consecuente transferencia de ingresos de los productores, acopiadores y cooperativas hacia los exportadores e industriales”, detallan. “Rara e inexplicable situación”, dicen y advierten que “todos los sectores, incluyendo a los que transgreden los acuerdos, propusieron soluciones que evitan las anomalías comentadas”.
Así, en la carta enviada al subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación, las cinco entidades sostienen que “lo expuesto merece el conocimiento de las autoridades encargadas de velar por el funcionamiento competitivo y transparente del mercado de granos, con el propósito de instrumentar los mecanismos a su alcance en procura de su normalización”.
