Diputados santafesinos y cordobeses se reunirán el próximo jueves en Santa Fe para analizar la “grave crisis por la que atraviesa la Cooperativa Argentina de Productores Lecheros Sancor” para acordar y adoptar “medidas para proteger las fuentes laborales amenazadas”.
El encuentro, convocado por el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, se realizará a las 11 en la Legislatura provincial y contempla como tema central “resguardar la fuente laboral y la actividad de todas las plantas de producción de Sancor” en distintas ciudades de ambas provincias.
La iniciativa de Bonfatti siguió a una declaración el Cuerpo Legislativo en la que expresó “su preocupación por la situación que están atravesando los 4.000 trabajadores de la empresa láctea Sancor”.
La declaración, impulsada por el diputado justicialista Luis Daniel Rubeo, solicita que “el Gobierno Nacional adopte las medidas necesarias para proteger las fuentes laborales amenazadas”.
Luego afirma que al tomar conocimiento de “la decisión del personal directivo de Sancor de proceder al cierre de distintas plantas de producción, so pretexto de una crisis económica y laboral”, se solicita que “se extremen los esfuerzos a los fines de resguardar los puestos de trabajo y la actividad productiva”.
En relación con la “situación de crisis que se encuentra atravesando la empresa Sancor”, se hace imprescindible el despliegue de las acciones y gestiones tendientes a “garantizar la continuidad de esta importante fuente de trabajo, que constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico y social en la Provincia de Santa Fe”.
Más adelante, señala que “Sancor se encuentra en una profunda crisis y ha sido afectada su capacidad productiva y su desempeño económico”, y acotan que “desde el entorno del directorio de Sancor surgieron versiones señalando que está en estudio su posible venta”, provocando “profundo malestar e incertidumbre entre los 3.987 trabajadores de la planta”.
En función de ello, expresan “su preocupación” y “solicitan al Gobierno Nacional que adopte las medidas necesarias para proteger las fuentes laborales amenazadas”, ya que según manifestaron en pleno recinto los diputados y diputadas, oficialistas y de la oposición, “resulta imperioso llevar tranquilidad a los 3.987 trabajadores de la planta y sus familias”.
