Más de 70 representantes de 30 complejos productivos se reunieron en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para analizar la realidad de las distintas economías regionales y demandar acciones urgentes, que permitan recuperar la rentabilidad y la competitividad del sector.
Del encuentro participaron productores frutihortícolas, yerbateros, vitivinícolas, apícolas, porcinos, ganaderos, tabacaleros, orgánicos, lecheros, ganaderos, olivícolas, arroceros y florícolas, entre otros.
Los presentes coincidieron en que una gran parte del campo, más precisamente aquella que genera arraigo territorial y mano de obra, es la base del desarrollo y del sustento alimentario nacional, no está reaccionando. Para que las economías regionales se reactiven, pequeños y medianos empresarios agropecuarios concordaron en que se precisan, con carácter de urgencia, políticas y medidas que se adecúen a la actual situación que atraviesan y sean acordes a sus intereses.
Raúl Robín, presidente del Sector Primario de CAME, sostuvo que “si bien la sanción de la Ley PyME fue bien recibida y marcó un hito en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, es importante avanzar en su reglamentación para poder acceder a sus beneficios”. Además, se refirió al veto del gobernador de Tucumán a la normativa provincial sancionada por la Legislatura el pasado febrero, que era una adhesión a la Ley PyME, y agregó: “Precisamos que los Gobiernos provinciales apoyen y adhieran a esta ley a fin de aliviar la presión fiscal, incentivar la inversión productiva y mantener las fuentes de trabajo”.
La reunión contó con la presencia del coordinador del Fondo Nacional de Agroindustria (FONDAGRO), Ernesto Ambrosetti, quien explicó los lineamientos de la herramienta lanzada por el Gobierno.
“El objetivo del FONDAGRO, que contempla $ 1700 millones, es el fortalecimiento de la competitividad de las economías regionales que se suma a la devolución de retenciones y al Plan Belgrano a productores del norte”, comenzó Ambrosetti. “Queremos consolidar el arraigo en el interior, aumentar la productividad y la calidad de los alimentos para llegar, no solamente al mercado interno, sino a todos los mercados internacionales posibles”, agregó.
En este contexto, los productores manifestaron su preocupación ante la creciente evolución del ingreso de productos del exterior, en especial de alimentos, ya que puede afectar a los núcleos productivos. Es el caso de productos tales como la carne porcina y el vino a granel, provenientes de Brasil y Chile, respectivamente. Las empresas agroindustriales solicitan medidas concretas para una mejora macroeconómica, tales como una reforma en la estructura tributaria y la reducción de otros costos internos. “Para poder ser competitivos y vender nuestros productos al mundo, requerimos un cambio en la carga impositiva”, sostuvo Robín.
Los participantes también destacaron la necesidad de implementar herramientas que ayuden a transparentar los mercados, de forma tal de evitar que otros eslabones de la cadena de valor se queden con la mayor parte de la rentabilidad. Así como en el campo se aplican Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), los comercios podrían aplicar Buenas Prácticas Comerciales (BPC).
Por último, se abordaron los reclamos de aumentos salariales que rondan en promedio un 30%, cifra que supera por amplio margen la expectativa inflacionaria para 2017 e impacta negativamente en la estructura de costos productivos.
