A raíz de la crisis que atraviesa el sector lechero, el nuevo gobierno estudia lanzar un paquete de medidas para fomentar la producción. De esta forma, el equipo que encabeza el nuevo ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, estuvo trabajando en tres medidas y las giró al futuro ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, para su definición.
El paquete de medidas enviado a Prat-Gay tiene tres puntos: el primero está relacionado con los tamberos; el segundo, para que las industrias puedan “aguantar” stock de leche en polvo en sus fábricas, y el tercero, para facilitar a la vez la salida exportadora de las industrias que habitualmente comercializan con el exterior, según consigna el diario La Nación.
Al equipo agropecuario de Macri le preocupa que la sobreoferta de lácteos en el mercado interno, sumada a la caída de las exportaciones -que en el rubro leche en polvo cayeron 22% en los primeros nueve meses del año (118.057 toneladas)-, presione sobre los precios de los productores. Se estima que hay entre 20.000 y 30.000 toneladas de excedente mensual que necesitan ser exportadas.
Respecto de los productores, se estima que se necesitarán tres meses para “reacomodar” el mercado. En este sentido, mientras eso ocurra se analiza otorgarles una compensación a los tamberos.
Vale recordar que el gobierno que se va estuvo aportando parte de este año 30 centavos por litro por los primeros 2900 litros producidos, para los tambos cuya capacidad de producción es de hasta 6000 litros.
En cuanto al segundo punto, de “aguantar” el stock, la medida apuntaría a que la industria pueda quedarse con parte del stock de productos a la espera de mejores condiciones de comercialización. Para esto, se dispondría de una financiación especial para que las usinas lácteas puedan concretar este objetivo.
A nivel internacional, en el último año el precio de la leche en polvo se destruyó, con una baja de más del 40%. En la actualidad hay una recuperación del precio, pero no es suficiente, alegan los productores del sector.
En línea con esta situación, la tercera medida en estudio tiene que ver con facilitar la salida exportadora. Entre el cierre de una operación y la concreción del embarque, hoy al industrial le puede llevar entre 60 y 80 días. El equipo agropecuario del nuevo gobierno quiere bajar ese lapso a no más de 20 días.
Para ello, por un lado quiere eliminar los permisos de exportación (los llamados ROE) para este producto -así como lo plantea para granos y carnes- y acelerar los requisitos que se exigen en el Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria (Senasa).
