El ministro Carlos Casamiquela se encuentra en Italia, participando de un encuentro internacional sobre agricultura familiar. En dicho evento, el funcionario habló sobre el rol de los agricultores familiares en la defensa de “la soberanía alimentaria y los saberes comunitarios”.
Lo que no dijo Casamiquela en su alocución en Roma es que el mismo gobierno nacional que él integra, ha promovido en la última década un modelo agropecuario que poco tiene que ver con esos valores. Por el contrario, se ha profundizado la concentración agraria, y la expulsión de pequeños y medianos productores.
Desde la FAA nos vemos en la obligación de marcar estas contradicciones. Si buscamos la aplicación de otro modelo, es porque pensamos en el destino de miles de agricultores familiares, pero también en la defensa de la Mesa de los Argentinos, mediante la producción de alimentos. Por eso hemos reiterado en todos los ámbitos posibles el pedido por políticas públicas diferenciadas, que brinden oportunidades a los pequeños y medianos productores, que viven, generan mano de obra y generan desarrollo de las economías regionales en cada una de las provincias de nuestro país.
La realidad es que lo hecho en materia de agricultura familiar no fue suficiente para definir un nuevo modelo. Se otorgaron algunas ayudas parciales y se crearon programas específicos, pero desde el gobierno nacional se siguió negando sistemáticamente la posibilidad de cambiar las condiciones para producir en la Argentina. Y así, no se hizo otras cosa que profundizar las condiciones para que los únicos que puedan permanecer en actividad sean los grandes actores, pooles de siembra y traders, en su mayoría multinacionales.
En este marco, creemos que los planteos de Casamiquela en Roma no reflejan completamente la realidad que vivimos en la Argentina. Aquí, hay campesinos que siguen siendo desalojados de sus tierras; la legislación no diferencia a los productores según su escala; crece el empobrecimiento rural; no hay plan arraigo para los jóvenes de las familias rurales; se adjudican concesiones mineras y petroleras expulsando a los agricultores familiares y contaminando los recursos naturales; se concibe a los espacios institucionales de la agricultura familiar como botín de guerra a disputarse entre distintas facciones del oficialismo, en lugar de entenderlos como el ámbito adecuado para diseñar las políticas que podrían permitir a miles de agricultores seguir en pie. Todo esto sucede, mientras el gobierno se sienta con las grandes empresas exportadoras, con las que negocia la obtención de divisas.
Por Eduardo Buzzi. Presidente de Federación Agraria Argentina (FAA)
