Aún se perciben secuelas de la llamada “crisis del campo”. En algún sentido, consolidó dos campos ideológicos. Pareciera que, mientras el PRO y la UCR buscan liberalizar y desgravar el comercio de productos agrícolas, el oficialismo pretende una presencia mayor del Estado en la regulación del sector. Las alternativas –mayor o menor intervención- no son nuevas, pero fueron profundizadas y materializadas desde 2008. Al menos así se manifiesta a través de los proyectos ingresados en los últimos días al Congreso de la Nación.
Por ejemplo, el diputado de la UCR por Formosa, Ricardo Buryaile, pidió eliminar las retenciones al trigo y al maíz y reducirlas a un 30 por ciento para el caso de la soja. El radical justificó la búsqueda de la eliminación de los derechos de exportación en su deseo de “contribuir a brindar una solución a la problemática actual de la disminución del área sembrada y de producción de estos cereales”.
En ese sentido, Buryaile agregó que de esta manera se busca “otorgar previsibilidad a la producción agrícola y aumentar el área sembrada de cultivos como el maíz y trigo, así como desalentar el monocultivo de la soja”.
Sin embargo, el legislador presentó otra iniciativa que busca reducir las retenciones a la soja, fijándolas en un 30 por ciento. Pero lo más curioso -teniendo en cuenta que en el proyecto anterior pretendía “desalentar el monocultivo” sojero- es que se propone una reducción inicial de cinco puntos porcentuales de los derechos de exportación, seguido por un cronograma de reducción de la alícuota hasta alcanzar el cinco por ciento.
En esa línea, su correligionario Julio César Martínez (La Rioja) presentó un proyecto de ley para reducir a la mitad el IVA a aplicar sobre productos fitosanitarios, semillas y órganos de reproducción vegetal. Busca así llevar ese impuesto al 10,5 por ciento.
Martínez explicó: “Por el sistema tributario vigente encontramos que la mayoría de los productos que este sector vende luego de realizada la cosecha, lo hace con un diferencial de IVA del 10,5 por ciento para el caso de cereales, oleaginosos y productos de origen vegetal”.
Pero como la compra de los insumos necesarios para la producción, como agroquímicos y semillas, tributa un Impuesto al Valor Agregado (IVA) que asciende al 21 por ciento, “se produce un desfasaje en la posición fiscal que hace que el recupero de lo tributado nunca cubre lo erogado previamente”.
También el bloque del PRO en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley por el cual busca liberar la exportación de productos agropecuarios. La iniciativa deberá obtener el aval de las Comisiones de Agricultura y de Presupuesto, ambas en manos oficialistas, por lo que las posiblidades de sanción son mínimas.
La propuesta está firmada por la macrista Gisela Scaglia (Santa Fe) y pretende alcanzar las producciones de carne, productos agrícolas, productos lácteos y sus derivados.
En concreto, el proyecto elimina los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) aplicables a estos productos. Según sostiene Scaglia en los fundamentos de la medida, “la existencia de este tipo de permisos, cupos y cuotas autoimpuestas para las exportaciones agroindustriales llevó al extremo de prohibir de hecho dichas exportaciones y ha sido uno de los elementos más nocivos de los últimos años”.
En la línea opuesta parecieran situarse las propuestas en análisis para el sector del kirchnerismo, que busca una creciente intervención del Estado. Los bosquejos más rimbombantes son las que apuntan a recrear la Junta Nacional de Granos, para lo cual habría tres ideas importantes en danza: la de Julián Domínguez (FPV-PJ-Buenos Aires), presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Agricultura; la de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO); y la del polo de pensamiento económico la Gran MaKro.
Las tres ideas aún en estudian hablan de la creación de una empresa estatal para la comercialización de granos, con una participación que varía de entre el 20 y el 50 por ciento, y que permitiría apropiarse de una parte de la renta agropecuaria.
Así las cosas, y con la mira en 2015, se perfilan también dos planes contrapuestos respecto al campo. Pero las disyuntivas no son sólo ideológicas, sino que también están jaqueadas por la coyuntura. Funcionarios del Gobierno podrían definirlo así: “No ingresa la cantidad de dólares esperados por la liquidación de cosechas”.
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