Tras la denuncia periodística por supuestas maniobras de lavado de dinero de un empresario cercano al Gobierno, que habilitó nuevas causas judiciales, la “ley antilavado” (25.246), vuelve al centro de debate.
El lavado de activos, que representa entre 2% y 5% del PBI mundial, es el paso siguiente de la corrupción a los efectos de concretar lo que los norteamericanos denominan el “enjoy”, es decir el disfrute de los bienes obtenidos con la actividad ilícita. Y en nuestro país, la actividad de la Unidad de Información Financiera (UIF), que debería luchar contra este delito, es insuficiente.
La UIF no investigó 7.400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que se encontraban en la base de datos del organismo a mediados de 2011, alegando “problemas en el sistema”.
A esto hay que agregar que el fiscal general Raúl Pleé, que garantizaba cierta independencia en el ejercicio de su cargo al frente de la Unidad Fiscal que investigaba estos hechos, fue desplazado y cubierto su cargo por un fiscal de confianza de la nueva Procuradora General, quien a su vez creó una nueva unidad de investigación denominada Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) cuyos resultados aún están por verse.
DELITOS DE ORIGEN, VIOLENCIA Y PERJUICIOS ECONOMICOS
Ni la UIF ni la PROCELAC tienen cálculos estimativos de cuánto es el volumen que representaría el lavado de activos en nuestro país que, por cierto, genera enormes perjuicios a las economías donde ingresan los fondos que provienen de él, trayendo además toda la violencia propia de sus delitos precedentes: el narcotráfico y la trata de personas.
En nuestro país hace un buen tiempo que las actividades de lavado han aparecido de forma más evidente y con mayor virulencia. Así lo demuestran algunas causas vinculadas a corrupción, como la de Schoklender, y las relacionadas al narcotráfico como la del secuestro de Diego Fernando Filo y el caso de “La Chancha” Ale, quien hoy está siendo investigado por lavado de dinero presuntamente proveniente de la trata de personas, luego de haber estado imputado en el caso de Marita Verón.
UNA CONDENA EN DIEZ AÑOS
Advertimos que la falta de políticas orientadas a la persecución de los delitos de lavado llevó a que, recién después de 10 años de vigencia de la ley, se lograra sólo una primera condena.
Asimismo, en la actualidad, la cantidad de sentencias condenatorias difícilmente supere un dígito, en el marco de un ineficiente sistema penal que ha logrado un ínfimo 10% de condenas por delitos económicos.
En ese contexto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene a la Argentina en la lista de países cooperantes con “serias deficiencias” en materia antilavado; conocida como “lista gris”, en la que está desde junio de 2011.
Las advertencias de los medios de comunicación sobre el preocupante problema que constituye el lavado de dinero, debería obligar a los organismos responsables del control de éste y de otros delitos vinculados a extremar las precauciones y cuidados ante una escenario que, como hemos visto, se ha vuelto totalmente impune para unos cuantos.
PLAN DE ACCION, SE NECESITA
Por lo tanto, Argentina deberá trabajar fuertemente en un plan de acción que: mejore continuamente los procedimientos para la confiscación de los fondos relacionados con el lavado de dinero, transparentar el sistema financiero; asegurar que la UIF, PROCELAC y la Justicia sean eficaces y optimicen los requisitos de información de transacciones sospechosas; progresar y actualizar permanentemente la capacitación de los operadores y las medidas de análisis e intensificar canales efectivos para la cooperación internacional.
El lavado de dinero expresa no sólo un alarmante crecimiento de la corrupción institucional sino además el aumento de la presencia del crimen organizado en nuestro país. Ambos problemas constituyen una situación preocupante por las graves y múltiples consecuencias que producen en nuestra sociedad.
Por Natalia Gambaro. Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (Frente Peronista)
