A días de que empiece el período parlamentario 2013, vuelven a resonar los grandes proyectos que el Congreso dejó pendientes en materia agraria.
La ley de semillas fue la gran deuda pendiente en materia agropecuaria del 2012. SI bien el Congreso aguardaba su ingreso, la discusión se prolongó en el Ministerio de Agricultura, donde se creó un espacio de negociación entre las entidades ruralistas y los funcionarios para la redacción de la iniciativa.
El debate se volvió espinoso y la Federación Agraria Argentina (FAA) que conduce Eduardo Buzzi pegó un portazo y se retiró de la mesa de discusión en torno al proyecto sobre el que trabajan tanto Estado como la cadena de producción y usuarios del insumo. En cambio, tanto la CRA como SRA y Coninagro avalaron finalmente la iniciativa que llegaría a mesa de entradas del Congreso.
La posición de la FAA es un anticipo de lo que podría esperarse de la discusión política en el Congreso Nacional a partir de las posiciones de los diputados que tienen origen en esa entidad si finalmente la norma es remitida con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
No obstante, sobre la posible ley hay miradas más favorables que aseguran que “el consenso” no implica unanimidad, y resaltan el acuerdo al que se arribó con las demás entidades de la Mesa de Enlace e incluso con los grupos CREA que dieron su aval al ante proyecto.
En el texto de la norma se establece la figura del agricultor exceptuado al pago de patente que integraría de manera automática el padrón del Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). También se establece que un agricultor que no entre en la categoría anterior podrá hacer uso propio de la semilla en la misma cantidad que haya adquirido originalmente.
Otra de las temáticas prometidas por el kirchnerismo para el campo fue la implementación de un seguro multiriesgo. Así lo anunció la presidenta Cristina Fernández en marzo de 2012, al dejar inaugurada las sesiones del Congreso.
“Vamos a trabajar muy fuertemente en la instalación del seguro contra todo riesgo, multiriesgo. Porque actualmente el 60 por ciento de la superficie cultivable, unos 19 millones de hectáreas aproximadamente, está cubierto en un 60 por ciento por el seguro contra granizo, pero no es así contra la sequía”, puntualizó la presidenta.
No obstante, pasó el tiempo y el proyecto finalmente quedó fuera de la agenda 2012 de los legisladores. Incluso, en agosto, los diputados de la oposición, encabezados por el cordobés Gumersindo Alonso (Fte. Cívico), pidieron estudiar los proyectos sobre seguros multiriesgo.
Ahora la puerta del Congreso para el proyecto de seguros multiriesgo está abierta en pleno año electoral. De hecho, los productores agropecuarios ven con buenos ojos un proyecto oficial para extender un seguro contra sequías, luego de que severas faltas de agua golpearan a los cultivos en los últimos años, aunque temen que sus costos se disparen.
La ley de lechería fue otra proposición incumplida de 2012 que podría discutirse en el período que arranca el primero de marzo. En noviembre, el subsecretario de Lechería de la Nación, Arturo Videla, presentó a la Mesa Nacional de Productores de Leche, detalles sobre el proyecto que el gobierno pretende presentar en el Congreso.
La iniciativa contendría los siguientes puntos: creación en el ámbito del Poder Ejecutivo del Sistema de Desarrollo y Promoción de la Cadena Agroalimentaria Láctea (SIDELACT); creación del Fondo Nacional de Lechería para el financiamiento y desarrollo del SIDELACT, se establecerá un segundo Fondo que será Anticíclico y la Comisión Nacional de Lechería, (CNL) que deberá establecer mensualmente un precio de referencia de la leche entregada en tranquera de tambo.
En Diputados, entre la escasa producción legislativa de la Comisión de Luís Basterra figuran también asuntos pendientes. Es el caso del Expte. 4740-D-2011 del oficialista Raúl Barrandeguy.
Su proyecto pretende corregir una distorsión arancelaria que perjudica sin motivo alguno las exportaciones del sector arrocero, uno de los que más aporta al crecimiento de las exportaciones de la provincia de Entre Ríos.
Según sus fundamentos, sólo una ley de la Nación puede resolver este problema y restituir a los productores entrerrianos su plena productividad que la alícuota objetada afecta sensiblemente. Se trata de la eliminación del Anexo XIV del Decreto Nº 509/07 y sus modificaciones acerca de la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) 1006.30.29.
En relación a los aranceles, el formoseño Ricardo Buryaile también impulsa el Expte. 6311-D-2012 para fijar en el cero por ciento el derecho de exportación aplicable a las distintas variedades de carnes en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.M.C.).
Para el radical esta propuesta “debe ser parte de una política ganadera de largo plazo que contemple el fomento de la inversión y las exportaciones como herramientas para aumentar la producción y con ello aumentar la oferta de carne para los diferentes mercados”.
Por: Área de Actualidad de la Fundación Directorio Legislativo.
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