La pasada sequía la recordaremos por los grandes daños provocados a muchos productores y por la importante caída de ingresos en las arcas del estado, pero principalmente, porque la presidente de la Nación Cristina Fernandez de Kirchner, coloco el seguro agrícola en la agenda pública, como un servicio fundamental para el productor para poder atenuar los riesgos climáticos y comerciales.
Indirectamente con sus declaraciones confesó que el estado, con la actual ley de emergencia agropecuaria no puede atender el nivel de riesgo climático, que representa la siembra de 32 millones de hectáreas a 300 dólares por hectárea, con una inversión total anual de casi 10.000 millones de dólares invertida a la intemperie y por lo tanto necesitamos otra política.
Además agregó la presidente que para cubrir dichos riesgos, los productores no deben pedir al estado ayuda o estar rezando en la iglesia por los daños por los eventos climáticos, lo que deben hacer los productores es usar seguros agrícolas para atender el riesgo empresario. Aunque se puede no estar de acuerdo cómo fue planteado el tema, si hubiera estado bien asesorada, debería haber agregado que el 55% del área sembrada actual están aseguradas y hoy dichos productores no tienen que estar reclamando al estado por los recursos invertidos para volver a sembrar el año que viene.
Lo que hicieron esos productores es transferir los riesgos empresarios a más de 30 empresas aseguradoras que operan en el país y éstas reaseguraron en el exterior , al ser el único sistema que funciona en el mundo para atomizar los riesgos de una sequía o inundación general. De esa forma el estado se desliga definitivamente de todos los riesgos por los bienes que son asegurables.
En todos los países del mundo donde funciona con previsibilidad un sistema de coberturas para los riesgos climáticos los seguros no son obligatorios. Si implementaron políticas muy agresivas para incentivar su uso, como son bajar los impuestos a los seguros y subsidiar a la prima que van del 40 al 80% de subsidio dependiendo de los países y productores o grupos de productores para bajar el costo de la prima. Los créditos tienen como garantía un seguro de la misma forma que los insumos que usan para la implantación del cultivo y el estado se reserva la potestad de atender con los fondos catastróficos dispuestos para ese fin, solamente a los productores afectados que hallan asegurados todos los bienes asegurables. Hay premios y castigo para los productores que aceptan las nuevas políticas.
Dichos países con esta política de inducción tan agresiva, primero hicieron bajar los costos de las primas para poder cubrir más zonas y a mayor cantidad de productores, ayudaron a cambiar culturalmente sobre la necesidad de su uso y generaron un sistema más solidario como debe ser una política de estado de seguros para cubrir los riesgos climáticos.
Cuando habían avanzado con la implantación de un sistema como el descripto, recién implementaron un seguro multirriesgo amplio para asegurar la caída de rendimientos sobre el promedio de cada zona como es su función específica. El seguro multirriesgo no paga las pérdidas totales de un cultivo, por eso precisa el productor contar con seguros individuales y/o combinarlo con multirriesgo para tener una mejor cobertura.
Esta política de seguros tiene que ser acompañada con la creación de un fondo anticiclico para atender los riesgos de los bienes que no son asegurables. Dicho fondo debe ser generado por el mismo sistema y administrado en forma independiente de los recursos nacionales por la autoridad de aplicación pública-privada a crearse.
Por estos argumentos y muchos otros que surgen de la experiencia internacional, es fundamental que los seguros agrícolas no sean obligatorios. La sensatez tiene que aparecer para que no triunfe nuevamente la capacidad que tenemos en el país de destruir todo lo que anda bien. El sistema asegurador privado actual – por supuesto mejorable -compitiendo en el mercado, aseguró el 55% del total del área sembrada. Tenemos al alcance de las manos – si hay voluntad política y no se quiere retroceder -varios instrumentos para llevar ese porcentaje a por lo menos 70% en poco tiempo y simultáneamente ponernos a trabajar en la implementación de los otros instrumentos para poder decir que tenemos una política de estado para cubrir los riesgos climáticos.
Lo importante es lograr que la mayor cantidad de productores chicos y medianos puedan acceder a un seguro para evitar que por riesgo climático tenga que emigrar de sus campos. Esto se debe hacer por una inducción muy agresiva por medio de instrumentos que enumero más arriba que se hacen en otros países pero nunca por medio de la obligación de usar seguro o la implementación de un seguro obligatorio general para todo el país.
Por lo tanto a los funcionarios y dirigentes que proponen un seguro obligatorio hay que solicitarles que no asesoren a la presidente de la Nación de esa forma, porque sería retroceder en todo lo logrado por el sector privado en los últimos años y contradecir el trabajo muy sensato que se realizó en las reuniones del PEA, plasmado en un proyecto de ley para presentar en el Congreso.
Un sistema donde no exista la competencia el productor terminará sin tener cobertura acorde a sus necesidades y el estado haciéndose cargo de una gestión que es delegable al sector privado. Hay otras prioridades para el estado, que ser el garante de los productores por los riesgos climáticos. La presidente se puso al frente del cambio que necesitamos en este tema y tiene la responsabilidad de generar un sistema que le sirva a todos los productores y al estado como sucede en muchos países desarrollados y en desarrollo en donde esté asegurada las inversiones para el aumento de la producción agrícola para abastecer con previsibilidad las góndolas de los supermercados del mundo y al mismo tiempo cubrir las necesidades internas.
*Consultor Agropecuario
