Ante declaraciones en los medios de algunas organizaciones no gubernamentales, con respecto a las políticas públicas ambientales del gobierno nacional, se hace necesario reflexionar qué entendemos por ambiente o medio ambiente y el compromiso que se ha asumido en el cumplimiento del mandato constitucional.
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
Cuando hablamos de medio ambiente no sólo nos estamos refiriendo a la protección del patrimonio natural o cómo el hombre se relaciona con la naturaleza, sino también al derecho de todos los argentinos/as a una calidad de vida que solamente puede ser alcanzada si el Estado es garante del interés público a través de medidas que logren una mayor equidad social.
Tal es así, que la problemática ambiental la debemos concebir como un todo a integrar con las políticas sectoriales de vivienda, de salud, de trabajo digno, de educación, de saneamiento, de infraestructura, entre otras.
Por lo tanto, al mandato constitucional del Art. 41 el gobierno nacional lo está cumpliendo no solamente mediante las políticas que implementa la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, sino con el conjunto de políticas que ha estado desarrollando desde el 2003 en su lucha por una mejor distribución del ingreso, brindando oportunidades a los sectores más vulnerables y postergados del pueblo argentino, reindustrializando al país, generando igualdad de oportunidades educativas, con campañas de prevención y asistencia en la salud, construyendo viviendas sociales, desarrollando infraestructura para ser más competitivos, abriendo nuevos mercados de exportación de nuestros productos, jerarquizando la ciencia y la tecnología y poniéndola al servicio de la Nación.
La especificidad de la Secretaría es ir generando alternativas de desarrollo sustentable, donde la erradicación de la pobreza y la producción sustentable son sus metas prioritarias, para ello se está implementando una serie de proyectos de alto impacto en la preservación del patrimonio natural y pioneros en América Latina.
En este sentido, basta con mencionar el pago por servicios ambientales a los propietarios de bosques nativos a fin de garantizar su preservación y/o restauración; los recursos significativos que brinda la Nación a las provincias a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego; las inversiones que son inéditas en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo; el desarrollo de una estrategia nacional de preservación de nuestra biodiversidad.
También, los avances en la lucha contra la desertificación; la defensa del interés nacional en la preservación de nuestra fauna ictícola ante la pesca ilegal de factorías extranjeras; el apoyo a las pequeñas y medianas industrias para que traten sus efluentes y residuos; los recursos transferidos a municipios para que desarrollen un manejo integral de residuos, favoreciendo el reciclado de los materiales y brindando asistencia técnica para que los rellenos sanitarios sean seguros.
En la misma línea, se pueden mencionar además la concertación con los organismos nacionales y provinciales en proyectos conjuntos, tales como el pago por servicios ecosistémicos en Jujuy, Entre Ríos, Chaco y Formosa y en el apoyo a pequeños y medianos productores de la Patagonia a fin de lograr un manejo sustentable de las pasturas, ambos con el INTA; la asignación de recursos y de asistencia técnica a los pueblos originarios y campesinos que viven en y del bosque nativo a fin de lograr sustentabilidad social, productiva y ecológica; la educación e información ambiental; el control del tráfico ilegal de flora y fauna y de los residuos peligrosos, etc.
Estas políticas las estamos consensuando en el seno del MERCOSUR y ya hemos logrado acuerdos en cuanto a la posición de los estados partes y asociados con respecto al temario de la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente que se llevará a cabo en Río de Janeiro en junio 2012, conocida como Río +20, pues se cumplen 20 años de la cumbre de 1992.
Nuestro desafío es fortalecer la unión regional en esta temática con nuestros hermanos latinoamericanos en la UNASUR y la CELAC, en defensa de nuestro patrimonio natural y cultural y reivindicando nuestra soberanía en las Islas Malvinas que se encuentra sometida a la depredación de los recursos naturales por la sobrepesca y otras actividades extractivas ilegales en el Mar Argentino.
Podríamos seguir enumerando todas las acciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, no obstante queda claro que el camino transitado desde el 2003 nos brinda cada vez más posibilidades de ir avanzando hacia un desarrollo sustentable con equidad social.
* Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Columna de opinión publicada en Télam
