De todos los productos que integran “la mesa de los argentinos”, apenas uno logra venderse en la actualidad a valores muy inferiores a los de mercado. Se trata de los aceites comestibles.
La receta del éxito de ese programa reside en el hecho de que el mismo es financiado por los productores de soja y girasol sin que ellos lo sepan.
Todo comenzó en abril de 2007, cuando el gobierno nacional, por medio de la resolución 344/07 de la Oncca, creó un régimen de compensaciones para el aceites vegetales comercializados en el mercado interno.
En el marco de ese régimen el Estado nacional pagó 282,2 millones de pesos a las industrias aceiteras dedicadas a comercializar aceites de girasol, soja y mezcla en el mercado local.
Pero en marzo de 2008 –poco antes de que estallara el conflicto agropecuario– el gobierno interrumpió sin previo aviso el pago de dichos subsidios (sin dar de baja las resoluciones por medio de las cuales se habían implementado las compensaciones al aceite).
Las industrias que comercializan aceites vegetales en el mercado interno se negaron, una vez interrumpido el subsidio oficial, a seguir entregando el producto a precios inferiores a los de mercado. Fue entonces cuando el gobierno nacional, a través de la Aduana, comenzó a restringir las ventas externas de aceite de girasol a modo de advertencia.
De esa manera, en mayo de 2008 representantes de la industria aceitera –nucleados en Ciara– y del gobierno nacional llegaron a un acuerdo por medio del cual se estableció el reemplazo del régimen de compensaciones oficiales por un nuevo sistema que se financiaría, según menciona el acuerdo, con “aportes que realizarán los exportadores de aceite, pellets, harinas y otros derivados de girasol, soja y biodiesel”. Es decir: los subsidios al aceite dejaban de ser pagados por el Estado y pasaban a ser una responsabilidad de la propia industria aceitera.
Posteriormente, a fines de junio de 2008, Ciara y el gobierno nacional volvieron a reunirse para firmar un nuevo acuerdo –denominado “esquema de autocompensación privado”– por medio del cual se estableció que el nuevo sistema sería instrumentado por “un fideicomiso privado con control estatal”.
En los hechos, el subsidio privado al aceite quedó en manos de las propias industrias oleaginosas (fundamentalmente Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Nidera, Vicentín, Germaíz y Tanoni Hnos).
El acuerdo generó un conflicto con grandes y medianas cadenas de supermercados, cuyos titulares denunciaron en 2008 que los aceites del acuerdo se ofrecían a precios mayoristas tan elevados que recortaban al mínimo el margen del sector supermercadista. La cuestión es que, para que el acuerdo no sea tergiversado en la góndola, las fábricas aceiteras comenzaron a comercializar los aceites con el precio minorista final impreso en la etiqueta. En ese marco los supermercados decidieron dejar de comprar aceite hasta lograr que la industria entrara en razones.
Entonces desde el segundo semestre de 2008 hasta fines de 2010 el subsidio quedó a cargo de las propias empresas aceiteras, las cuales se valieron –cada una por su cuenta– de diversas herramientas para intentar transferir el costo del subsidio a los productores (aunque eso no siempre fue posible).
A fines del año pasado finalmente quedó constituido el fideicomiso (que es operado por un banco privado). A partir de entonces el 1,2% del monto de todas las exportaciones argentinas de poroto de soja y de pellets/harina de soja y de girasol pasan a integrar el “fideicomiso aceitero” por medio del cual se financia el subsidio a los aceites comestibles destinados al consumo interno (en el caso de los pellets/harina, el 1,2% se aplica sobre el volumen de ambos productos medido en equivalente grano).
Esta suerte de retención adicional es transferida por los compradores de soja y girasol (traders + industria) a los productores, quienes no advierten el descuento al tratarse de un recorte del precio de apenas el 1,2%.
La botella de 1,50 litros de aceite de girasol se comercializa actualmente en el mercado interno a un precio minorista de $ 6,70 a $ 6,95. El precio de mercado de dicho producto duplica esos valores.
