La Unión Recibidores de Granos de la República Argentina (Urgara) declaró hoy el “estado de alerta y movilización’ y calificó de ‘intransigente’ la actitud de las cámaras empresarias de las ramas de exportación y puertos privados, con las que negocia desde febrero salarios y condiciones de trabajo sin resultados.
Por medio de un comunicado, el secretario general de Urgara, Alfredo Palacio, dijo que ‘estamos en la puerta de un conflicto nacional de toda la cadena de comercialización granaría producto de la voracidad de grandes grupos multinacionales, que hoy producen, acopian, y exportan por sus puertos propios, a los que no les interesa un marco de actividad transparente y menos mejorar el poder adquisitivo de los que controlamos a toda la actividad’.
El gremio considera que las cámaras del sector pueden otorgar recomposiciones superiores a la pauta fijada del 19,5 %. ‘Hoy un salario promedio mensual de un recibidor representa 3 toneladas de trigo o 2 de soja, cuando en la convertibilidad se necesitaban entre ocho y diez toneladas. Pedimos un básico acorde con la realidad del sector para todos los trabajadores, pero las empresas se niegan y engordan sus ganancias a costa de nuestro trabajo en una actividad superavitaria, en el marco de una constante práctica antisindical’, afirmó el dirigente.
‘Con las diferencias de peso y calidad que se producen en puerto por falta de controles, perdiendo productores y acopiadores, se podrían pagar básicos de 1500 dólares a más de 7000 trabajadores. El sector agroexportador puede y debe dar respuestas a todo esto’, argumentó Palacio.
Urgara apuntó a las multinacionales Glencore, Moreno, Cargill, Bunge, Nidera, Dreyfus, entre otras, por concentrar monopólicamente las ramas de la actividad. ‘El paro agropecuario de las entidades del campo desnudó también la concentración que existe en la cadena. Por eso nuestros reclamos trascienden también las cuestiones salariales y plantea la necesidad de nuevas normas de control a las ahora existentes. Hoy la Argentina debería nacionalizar el comercio exterior y recrear una nueva Junta Nacional de Granos’, destacó.
Palacio reclama también llevar la jornada de trabajo a seis horas por las ‘características insalubres y peligrosas de la actividad’, como también reestablecer los controles en toda la cadena comercial, con intervención de los recibidores de granos y/o peritos clasificadores con título habilitante, situación que hoy no existe.
‘Hoy el Senasa y la Oncca cumplen funciones de recaudación en desmedro del control que deben ejercer. Pagamos anualmente $ 300 a la Oncca para registrarnos y habilitarnos a trabajar como peritos cuando debería ser gratuito. El grueso de los trabajadores no se registran por el costo y porque no existe un marco normativo con incumbencia que lo contenga. Sin respuestas a nuestra batería de reclamos vamos a medidas de acción directa en el corto plazo’, destacó el dirigente sindical.
