Los efectos de la Resolución 125 del Ministerio de Economía, que estableció el sistema de retenciones móviles, sigue siendo el eje de la conflictiva relación entre agro y Gobierno, más de un mes después de haberse implementado.
Lo notable es que pasado este tiempo, el único efecto concreto parece haber sido la generación de un conflicto político y social que no registra antecedentes. Por el contrario, la evolución de los precios y la estrategia de los jugadores del comercio granario estarían llevando a que el efecto recaudatorio termine siendo mínimo.
Previo a que el ex ministro Miguel Peirano llevara la retención de la soja de 27,5% a 35%, el 9 de noviembre del año pasado, los exportadores habían registrado ventas al exterior por más de un tercio de la oferta exportable del complejo soja.
La idea era blindar esas operaciones con la retención del 27,5%, aunque la soja no estuviera efectivamente comprada (ni en físico y ni en contratos forward).
Antes de que Peirano subiera las retenciones, las traders habían declarado el equivalente al 73% del poroto y el 34% del aceite y la harina de soja exportados en la campaña 2006/07.
El escándalo de la situación llevó a que el Congreso sancionara la hoy conocida ley Martínez Raymonda, que los obliga a pagar la retención más alta para la mercadería no comprada.
Sin embargo, cuatro meses después de su promulgación, curiosamente la ley sigue sin reglamentarse, y por tanto sin entrar en vigencia.
Cuando el 11 de marzo Lousteau ejecutó su propia suba de retenciones, vía la Resolución 125, a los precios de esa fecha, el poroto tributaría 44,1% y el aceite y la harina cuatro puntos menos (el ministro le amplió a las aceiteras la brecha histórica de 3,5%).
Tonelada más, tonelada menos, a Lousteau le quedaba un cuarto de las exportaciones de poroto y dos tercios de las de harina y aceite de soja para aplicarles sus nuevas retenciones. Sin embargo, los exportadores registraron cantidades ínfimas en todo este tiempo.
Para ser precisos, al viernes 11 de abril tenían registrados apenas40.000 toneladas más de poroto, 230.000 más de aceite y 800.000 más de harina, respecto de sus declaraciones al 8 de noviembre.
Dicho de otra manera, hasta el momento ni la suba de las retenciones dispuesta por Peirano (27,5 a 35%), ni por Lousteau (35 a 44,1 variable), generaron más ingresos para las arcas fiscales. Muy groseramente, conlos niveles arancelarios de Peirano, al Gobierno le quedaban para recaudar unos u$s4.550 millones de lo que restaba registrar en trigo, maíz y soja al 11 de marzo.
Con los precios de los granos vigentes a esa fecha y si se mantuvieran hasta registrar el saldo exportable, el esquema de Lousteau proyectaba una recaudación de u$s5.800 millones, es decir u$s1.250 millonesmás o un incremento de 27% en la recaudación.
Pero desde la decisión del ministro a la fecha, el precio FOB oficial de la soja cayó de 538 a 475 u$s/t. Para este último valor, la retención móvil pasa a ubicarse en 41%, lo cual proyecta a la baja la expectativa recaudatoria.
Si al 11 de marzo se podía colectar un adicional de u$s1.250 millones con el nuevo sistema, al 11 de abril ese plus se había reducido a u$s650 millones, que dicho sea de paso no se está efectivizando porque no hay nuevas declaraciones de soja.
Sólo las declaraciones de maíz han seguido una evolución normal, pasando de 5,6 Mt al 11 de marzo, a 9,6 Mt al 11 de abril.
Y ahora viene la gran pregunta: ¿valía la pena pagar un costo tan alto como es esta crisis con el campo, para obtener, eventualmente, 650 millones de dólares más?
Es probable que el daño económico de la protesta agropecuaria haya superado con creces estos números. Incluso los precios tuercen el argumento de Lousteau de que el sistema de retenciones móviles era para parar la sojización.
Con los valores actuales, el trigo tributa 29% de retenciones, contra 41% de la soja, es decir una diferencia neta de 12 puntos porcentuales y la brecha parece querer achicarse.
Cuando el ministro hizo los anuncios, el trigo iba a tributar 27% y la soja 44%, es decir 17% porcentuales.
Por el contrario, con el esquema de Peirano esa diferencia era de 7 puntos porcentuales (28 contra 35%), lo cual refuerza la pregunta de si era necesario implementar este sistema, para, si damos crédito, forzar un vuelco de la producción de soja a la de trigo y maíz.
Cuando se anunciaron las medidas, habíamos analizado en esta misma página que el efecto recaudatorio entrigo y maíz era insignificante (no tenía sentido por otra parte subirlas retenciones), no así en el caso de la soja.
Pero ahora, la protesta ha forzado al Gobierno a ofrecer como moneda de cambio la devolución del incremento de las retenciones a los pequeños productores.
Si es como dice el ministro Lousteau que el 80% de los productores tienen el 20% de la cosecha de la soja, hay que inferir que como mínimo el Estado tiene que prever la devolución del 20% del plus recaudado. O sea que de los u$s650 millones es factible que 130 vuelvan a su origen vía el reembolso.
De tal manera que, finalmente, y con los valores actuales, desde el punto de vista recaudatorio apenas si el Gobierno cosecharía 520 millones de dólares respecto de lo que hubiera recaudado con el esquema dispuesto por el ex ministro Miguel Peirano.
