La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) presentó un pedido al secretario de la Producción de dicha provincia para modificar la norma por medio del cual se cobrará a empresas arrendatarias de campos agrícolas un derecho del 3% sobre los granos comercializados.
A fines de 2007 la legislatura de la provincia sancionó una modificación a la ley provincial de Conservación de Suelos (Ley N° 8.318). Inicialmente, se comunicó que esta medida estaba orientada a detener el avance de los grandes pooles de siembra, dado que la misma se aplicará a todos las empresas que arriendan campos en Entre Ríos y no cuentan con domicilio legal en la provincia.
Sin embargo, el inciso a) del artículo 40° de la Ley N° 8.318 (modificado por Ley Nª 9816, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de Entre Ríos el 28 de diciembre pasado), indica que “quedan exentos del pago del derecho los titulares registrales de tierras cultivables ubicadas en la provincia, mientras se encuentren debidamente inscriptos en el Registro Único de Propietarios y Productores Agrícolas de Entre Ríos (RUPPAER), siempre que no cultiven en inmuebles arrendados una superficie mayor a la propia”. Es decir: la medida comprende a la totalidad de los empresarios que arriendan campos.
“Todos los agricultores de la provincia siembran más de lo que tienen; es muy injusto que el productor entrerriano que arrienda no esté excento de este impuesto”, dijo hoy a Infocampo José Carlos Basaldúa, presidente de Farer.
“Vamos a seguir insistiendo con este pedido de reforma porque los más perjudicados van a ser los pequeños y medianos productores de la provincia”, añadió Basaldúa.
Si bien la legislación provincial no señala cuando comenzará a cobrarse el nuevo impuesto, se estima que regirá en las próximas semanas. “Estamos haciendo todo lo posible para que comience a regir en el presente mes de marzo”, indicó una fuente del Ministerio de la Producción de la provincia de Entre Ríos, que prefirió no ser identificada.
“Sabemos que esta Ley genera polémica, pero debemos entender que todo lo que se recaude con el impuesto será destinado a tareas de conservación de suelos y obras de infraestructura”, agregó la fuente.
Según establece la nueva norma, el dinero que se recaude será destinado a un fondo fiduciario para brindar asistencia económica a productores entrerrianos.
Además, la medida también sería aplicable a aquellos empresarios agrícolas ‘sean o no entrerrianos’ que no cumplan con determinadas pautas de manejo conservacionista (siembra directa, rotaciones orientadas a incrementar la disponibilidad de materia orgánica, etcétera) establecidas en la Ley provincial N° 8138 de Conservación del Suelos.
Javier Lanari