El Congreso de los Estados Unidos está en la etapa final del proceso de sanción de la nueva ley agrícola de 2007, que definirá el nivel de subsidios que recibirán los productores durante los próximos cinco años. La ley anterior es considerada altamente proteccionista y distorsiva de los mercados internacionales, dado que durante su vigencia entregó subsidios a los productores de hasta el 50 por ciento de su ingreso y causó importantes reducciones en los precios internacionales de los productos básicos.
En un artículo anterior yo mencionaba que la conjunción de ciertos factores nacionales e internacionales permitía mantener las esperanzas sobre una nueva dirección en la política agrícola estadounidense. Algunos de estos factores eran:
1) El déficit presupuestario de los Estados Unidos que limitaba la disponibilidad de recursos para la nueva ley, en comparación con el superávit existente en 2002 cuando se sancionó la ley anterior;
2) Una excelente situación económica del sector agropecuario estadounidense, que en 2007 volvió a obtener ingresos y exportaciones récord; y las perspectivas de precios a mediano plazo impulsados por la demanda de alimentos y biocombustibles;
3) La reducción en los subsidios que recibirán los productores de maíz, trigo, soja, algodón y arroz durante la vigencia de la nueva ley dado que los mismos están vinculados a los precios (a mayores precios menores subsidios y viceversa); y
4) El riesgo de perder más juicios en la Organización Mundial de Comercio (OMC) que obliguen a desmantelar la estructura actual de subsidios. Además, una reforma en los subsidios internos ofrecía a cambio un mayor acceso a los mercados en los países en vías de desarrollo, que reclaman esta reducción en las negociaciones multilaterales de Doha.
Enfrentamiento
La nueva ley autoriza un gasto estimado en 286 mil millones de dólares durante los próximos cinco años (2008-2012) para un complejo entramado de subsidios a los productores, programas sociales de nutrición, conservación, desarrollo rural, comercio, biocombustibles,
seguros, créditos, forestación e investigación. La ley incrementa los precios de apoyo para numerosos productos (cereales, oleaginosas, azúcar, lana y otros), los programas de conservación, nutrición, emergencia agropecuaria, energía y subsidios a las frutas y hortalizas. Estos gastos aprobados por el Congreso superaron el presupuesto y por lo tanto los legisladores decidieron aumentar impuestos para financiarlos.
Esta situación enfrentó al Congreso con el Presidente, que amenazó con vetar la norma si no elimina el aumento en los impuestos y limita la entrega de subsidios a los productores más ricos.
Una reforma de la ley parecía políticamente viable dado que el nivel de precios iba a resultar en menores subsidios para los productores. Por ejemplo, los subsidios otorgados a los productos básicos en 2005 y 2006 fueron de 20 mil millones de dólares, mientras que la estimación para el 2008 es de U$S 10 mil millones. Esta situación fue aprovechada por varias asociaciones de productores, legisladores y por el Ejecutivo, que presentaron durante el debate de la ley propuestas alternativas para transferir ingresos a los productores (por ejemplo, un seguro nacional de ingresos). Sin embargo, durante el debate la mayoría de los legisladores rechazaron las modificaciones presentadas y las dificultades para llegar a un acuerdo sobre que modificaciones incorporar actuaron a favor de mantener el status quo.
Reformulación
Otro factor que hacía pensar que una reforma de la ley de 2007 era posible fue el resultado del juicio que Estados Unidos perdió en la OMC contra Brasil por los subsidios que asigna al algodón. La OMC dictaminó que los Estados Unidos estaban utilizando subsidios prohibidos y que sus programas deprimen los precios internacionales, perjudicando los intereses de Brasil.
Preocupados de que nuevos juicios obliguen a modificar los programas, la administración Bush realizó propuestas para que la nueva ley agrícola estuviera en conformidad con los acuerdos internacionales.
El Secretario de Agricultura insiste que es esencial cumplir con los compromisos asumidos en la OMC para evitar poner en riesgo los 91 mil millones de dólares en exportaciones proyectadas para el 2008. Por su parte, el congreso considera que la política agropecuaria de los Estados Unidos debe ser decidida en Washington y no en Ginebra (sede de la OMC) y por lo tanto, no adoptó modificaciones que hubieran evitado que sus programas continúen violando las reglas internacionales.
Recientemente Canadá y Brasil iniciaron un nuevo caso en la OMC sobre la ilegalidad de los subsidios que los Estados Unidos otorgaron al maíz, indicando que el camino de la litigación parece ser la única forma de lograr una modificación de estos programas.
En casa
Para la Argentina, las consecuencias más perjudiciales de la ley agrícola son los 10 mil millones de dólares anuales en subsidios directos a la producción y al comercio que distorsionan los mercados internacionales para nuestros principales productos de exportación.
Además, el Gobierno promueve una competencia desleal en los mercados al autorizar subsidios a las exportaciones, garantías de créditos subsidiadas y programas de ayuda alimentaria que nos desplazan de los mismos.
En un contexto como el actual dónde el maíz, el trigo y la soja han alcanzado precios históricos, el impacto de los subsidios estadounidenses sobre estos productos es marginal.
Por otro lado, la nueva ley agrícola de 2007 no modifica en nada las restricciones a las importaciones que impone el gobierno para proteger su mercado interno en productos de importancia para la Argentina tales como azúcar, productos lácteos, carnes bovinas, maní, pasta de maní, algodón y tabaco.
Los argumentos que justifican una reforma de la política agrícola estadounidense podrían hacerse desde la perspectiva económica, de política exterior y hasta de moralidad, ya que estas políticas reducen el ingreso de los pobres rurales. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos, respondiendo al interés de sus votantes ha decidido continuar subsidiando a sus productores hasta el 2012. El Ejecutivo, conciente de las consecuencias internacionales de sus políticas actuales y de la necesidad de proporcionar una red de seguridad más confiable a sus productores ha intentado sin éxito armonizar ambos intereses.
Por José D. Molina, Consejero Agrícola en los Estados Unidos
Especial para El Federal
