La situación del mercado local de trigo ha generado airadas protestas de las entidades de productores. Carbap, CRA y Federación Agraria sostienen que el productor está cobrando mucho menos de lo que debiera por su cereal debido a la política del Gobierno, que termina favoreciendo a los industriales molineros y exportadores.
Razón no les falta respecto del primer punto, ya que entre los valores que da la misma Secretaría de Agricultura de la Nación y los informes de las instituciones privadas hay brechas sustanciales.
Durante la semana del 7 al 11 de enero, el denominado FAS teórico del trigo osciló, según la Sagpya, entre 640 y 660 $/t, mientras que el trigo Dársena, según la Cámara Arbitral de Bs. As., lo hizo entre 500 y 560 $/t, con valores similares para el trigo Art. 12, que es el buscado por la molinería.
Esta situación marca un retroceso respecto de los meses de setiembre y octubre del año pasado cuando el precio del trigo pagado por los operadores locales había alcanzado e incluso superado al FAS teórico.
En aquellos meses, el productor llegó a recibir $670 por su cereal, cuando el valor de la Sagpya marcaba 655, valores que, dicho sea de paso, no son comparables con los actuales ya que en ese momento regía una retención del 20 por ciento.
La pregunta es por qué cuando se había alcanzado la meta de que el productor cobrase el precio lleno (sin retenciones, obviamente) por su grano, se retrocedió hasta la situación actual donde se vuelve a producir una brecha de entre 30 y 44 dólares por tonelada, como ocurrió la semana pasada. Los tres elementos que podemos destacar en este modesto análisis son los siguientes:
a) Es en ese momento (octubre) cuando comienza a especularse fuertemente con una suba de las retenciones, lo cual enturbia la operatoria del mercado y hace factible instalar estas distorsiones en contra del productor.
b) Se vuelve a cerrar el registro de exportaciones debido a la ocurrencia de excepcionales heladas que alteran las expectativas de cosecha. Cuando se lo había reabierto, se lo hizo con un plazo de 90 días para los embarques, que vence a mediados de febrero. En el breve lapso de la reapertura se anotaron 7 millones de toneladas.
c) Arranca la cosecha del cereal, con buenos rindes en las regiones no afectadas por las heladas. Normalmente, los precios tienden a caer en plena cosecha por la presión de la oferta.
Ahora bien, existe un mecanismo de política de Gobierno tendiente a neutralizar esta situación y es el de las compensaciones. Este mecanismo, que tiene plena vigencia, prevé (hasta el momento) que al molinero se le devuelva el dinero entre el precio de abastecimiento (370 $/t) y el pagado al productor (por ejemplo 560 $/t según la Cámara Arbitral) y al productor entre ese precio y el FAS teórico, es decir entre los 560 que cobró y los 660 que indica la Sagpya.
Lo único que debiera ocurrir, en el peor de los casos, es un desfasaje financiero entre el momento que molineros y productores se âjuntanâ con la plata, respecto de un mercado sin intervención.
El otro aspecto es que este sistema funciona sólo para la venta de trigo a la molinería con destino a consumo interno.
De manera que el grano que el productor vende a exportación como el que vende a un molino orientado al mercado externo queda excluido del sistema.
De mantenerse estos valores actuales, el Gobierno debería destinar unos $1.200 a $1.500 millones de su presupuesto para subsidiar en unos $300 por tonelada a las 4 a 5 millones de toneladas de trigo que se muelen con destino a mercado interno.
Estos números resultan bastante más altos que los $210 millones cobrados por la molinería desde que arrancó el sistema (es cierto que al comienzo los diferenciales eran menores) más los $63 millones que cobraron los productores.
Ahora, el desafío que tienen los planificadores de la economía (asumiendo que como dice el secretario Javier de Urquiza hay compensaciones âpara ratoâ) es lograr que los productores, el eslabón más débil de la cadena triguera debido a su atomización, accedan a un precio justo por su cereal.
En este sentido se venía hablando, previo al 10 de diciembre, de un cambio en el sistema de compensaciones al trigo, poniéndolas sólo en cabeza de los molinos (no corrían más para los productores) y con un adelanto financiero a la industria para no descalzarla financieramente.
El plan parece haber entrado en estado de hibernación debido al cambio de autoridades en Economía, área gubernamental responsable de fijar los criterios de las compensaciones.
También habría que considerar, como planteó algún sector de la molinería, la posibilidad de compensar ya no la tonelada de trigo sino la bolsa de harina que va al mercado interno.
Pero la cadena de trigo requiere de una solución integral, que contemple todos los elementos que están distorsionando este mercado. Por supuesto que para la mayoría, la solución sería la no intervención pública en los negocios privados, lo cual no parece ser un escenario probable en este contexto político, social y económico, tanto local como internacionalmente.
Y dentro de esa solución, no debiera perderse de vista que la mejor respuesta a estas situaciones de compromiso entre mercado interno y externo es el estímulo a la productividad, un compromiso en el cual los agricultores argentinos han descollado siempre.
Javier Preciado Patiño
