A partir del 7 de noviembre, cuando fueron anunciados por el Gobierno Nacional los aumentos a los derechos de exportación de trigo, soja, maíz y sus derivados, se generó un malestar en el sector, no sólo por los perjuicios que ocasiona la medida en la rentabilidad de los productores, sino también por la forma en que se hizo, se sostiene.
Es que los rumores del inminente incremento del tributo aceleraron los registros de ventas de los exportadores.
Así, antes de hacerse efectiva la medida oficial, los traders habían registrado un tercio de la cosecha de la próxima cosecha de soja, con un derecho de exportación del 27,5 por ciento, en momentos en que la siembra estaba arrancando.
Esta jugada generó reacciones en el mercado de granos y surgieron cuestionamientos desde distintos ámbitos políticos, sobre una transferencia de recursos desde la producción hacia la exportación.
La voz cantante la llevó el ex presidente Raúl Alfonsín que estimó la transferencia en u$s375 millones.
Pero no sólo la oposición tuvo una visión crítica de lo ocurrido. El diputado nacional Alberto Cantero Gutiérrez, del Frente Para la Victoria, señaló en diálogo con Infocampo: “Yo no tengo ningún inconveniente en que haya cuatro o cinco grupos financieros que manejen el comercio de granos, lo que sí estoy en absoluto desacuerdo es en que estos grupos estén capturando una renta que le corresponde legítimamente al productor agropecuario, y que también estén distorsionando la cadena de valor”.
El legislador comentó que el tema fue planteado al titular de la Afip, Alberto Abad, el 15 de noviembre en el informe que dio a conocer la comisión de presupuesto. “Abad mostró un total acuerdo para que evitemos esta concentración de la renta en dos o tres manos”, agregó.
El legislador evalúa si presentará un proyecto de resolución para expresarse al respecto.
Por otra parte, Gutiérrez Cantero explicó que está trabajando en un proyecto que apunta a modificar la Ley 21.453 que se refiere al régimen de exportación de productos agrícolas y que data de noviembre de 1976.
El sistema establecido por la ley consiste en un régimen de declaración jurada de las operaciones de venta al exterior .
“La Ley 21.453 la tenemos que poner en el marco de lo que ha ocurrido treinta años después de su sanción, no sólo porque fue de la época de la dictadura, sino también porque hoy la realidad del comercio agropecuario y de alimentos es otra y tenemos que darle un integridad, por eso es necesario actualizarla”, comentó el legislador, que estima presentar este proyecto en marzo del año próximo.
