Para la Argentina, principal proveedor de productos lácteos en Chile, este tipo de “trabas indebidas” dificulta el correcto desenvolvimiento del comercio bilateral. La imposición de gravar los derechos a las importaciones de productos lácteos originarios de la Argentina en el 23 por ciento fue decidida por el Gobierno de Michelle Bachelet el pasado 14 de diciembre.
Tras el anuncio, el gobierno argentino inició un procedimiento establecido en la OMC “para la Solución de Diferencias” que consta de un pedido de informes ante el organismo del que ambos países son miembros. Chile pretende, a través de estos gravámenes, defender la producción local, que se está viendo afectada por la caída de precios.
Pero del otro lado, “el gobierno argentino considera que la salvaguardia dispuesta es incompatible con las obligaciones” de ese país en virtud de las disposiciones de la OMC”, según indicó la Cancillería Argentina. De no arribar a un acuerdo común, la Argentina puede pedir que se cree un grupo de expertos para que lleve adelante un arbitraje independiente que permita dar solución definitiva a las diferencias.
