El abogado argentino experto en patentes, Carlos María Correa, actualmente asesor externo del Estado argentino en la contienda que lleva adelante Monsanto en los tribunales europeos, dio a conocer su visión del conflicto, que de alguna forma es la que adoptó el Gobierno.
Por medio de una nota publicada en el mensuario El Dipló, el legista explica que la compañía lleva adelante lo que se denomina “litigio estratégico”. Correa sostiene que quien inicia estos planteos “tiene muy pocas chances de triunfar”, pero que son llevados adelante como una forma de presionar a un acuerdo. La asimetría en la capacidad financiera de la compañía para soportar estas acciones, versus la de importadores o agricultores da sustento a estos litigios.
Correa sostiene que el conflicto “trasciende los intereses privados de las partes en conflicto”, para buscar sentar un precedente internacional en la relación entre empresas y estados, en materia de propiedad intelectual.
Para justificar por qué la empresa tiene pocas chances de ganar, Correa cita la directiva sobre Protección de Invenciones Biotecnológicas de la UE y en particular su Art. 9, donde se prescribe que para que haya violación de la patente, la información genética contenida en el producto importado debe poder ejercer su función, que en este caso sería poder reproducir una planta resistente a glifosato, lo cual no es el caso de la harina de soja.
El legista concluye que tampoco hay violación de patente si se importara grano de soja. El resultado de este juicio marcará una tendencia en “la relación de las compañías multinacionales y los estados en los que operan”, dice.
