Después de un año de negociación, Monsanto pateó el tablero e interpuso una demanda en Europa. Agricultura redobló la apuesta judicial y sumó a la Cancillería. La cadena de la soja se puso a disposición del secretario, mientras ASA y Arpov hicieron su propuesta, donde reconocen el uso propio gratuito para los pequeños productores. Por su lado, la multinacional aseguró en un comunicado que está dispuesta a negociar una “solución basada en el pago en semilla fiscalizada, con un sistema de control eficiente”. En una carta firmada por el presidente de la filial argentina, Alfonso Alba Ordóñez, Monsanto destacó su compromiso de “acordar un valor máximo por la tecnología RR del 3% por tonelada”, una cifra con un “valor simbólico” que bien podría cerrar en u$s 1, de acuerdo a lo referido en diversos medios. Paralelamente, desde Agricultura aseguran que la cifra a considerar llegaría al dólar, siempre y cuando Monsanto retire la demanda formulada en Dinamarca. Entretanto, la carta de Alba remarcó la disposición de la empresa a “negociar los años a cobrar, como así también contemplar la exención para pequeños agricultores”, siempre que se “garantice y respete la coexistencia de la ley de semillas y la ley de patentes”. Y aquí es donde la lógica se enturbia y el entendimiento se vuelve suspicacia, porque la posibilidad de un cobro de regalías no está contemplado en la ley de semillas que se quiere reformular, porque en ningún momento alguna de las partes cuestiona el uso propio gratuito, porque tampoco existen disidencias sobre la voluntad de pago por esta tecnología, y ahora hasta las diferencias en cuanto al importe parecen exiguas. La cuestión está en el cómo, lo dijo Campos, lo dijo Alba, lo dijo Asa, pero ¿qué hay en el cómo que dificulta tanto la resolución? Que sea sobre semilla fiscalizada, hay acuerdo. Que se controle la bolsa blanca, nadie lo duda. Que pueda llegar a ser a partir de la próxima campaña, a esta altura no habría grandes problemas. En cuanto al monto, estamos cerca. Que se dimensione el uso propio gratuito, quizás por ahí empiecen a surgir las divergencias, sobre todo teniendo en cuenta que la actual ley de semillas no establece ningún límite en cuanto a superficie o plazos para realizar la multiplicación. Entonces, que se reconozca el cobro de una patente a partir de un “derecho moral” y se lo plasme en la ley de semillas argentina sería el objetivo de los semilleros. Pero, como se parte de un evento que ya es de dominio público, la validación conllevará seguramente parámetros muy exigentes por parte del Estado argentino.
Marianela Garbini | mgarbini@infocampo.com.ar
