Los intentos del Estado de transparentar la cadena comercial, mayorista y minorista de frutas y hortalizas, parecen contraponerse con algunas de las herramientas utilizadas. Con el impuesto al cheque y al valor agregado está cada vez más lejos del objetivo.
El famoso impuesto al cheque, claramente distorsivo, ha generado un efecto contrario al buscado por el Gobierno, en el sentido de registrar todas las operaciones comerciales que se pacten y, por lo tanto, disminuir la evasión.
La utilización del efectivo en los mercados concentradores frutihortícolas, a pesar de la inseguridad que esto conlleva, se ha hecho más que una costumbre, en particular en los pequeños y medianos compradores.
Otro tanto ocurre con el impuesto al valor agregado (IVA) que debería ser neutro para los distintos actores que intervienen en la comercialización, y que, sin embargo, termina siendo pagado por el productor.
Cuando un producto ingresa en un mercado llega sin precio. El mismo se fija por la confrontación de oferta y demanda. Esta operación determina que el precio pactado entre comprador y vendedor resulte ser, por ejemplo, $ 10 un cajón de tomates. A este valor no se le agrega el 10,5 %, sino que es precio final. Por lo tanto, terminará costando aproximadamente 9,05 pesos. La diferencia en menos la terminará recibiendo el productor. Es decir que si envió 1000 cajones de tomate dejará de percibir la suma de $ 950,00. Con seguridad que pedir la eliminación de estos impuestos distorsivos no tendrá resultado positivo.
Será cuestión entonces, como dijo el ministro de Economía, Roberto Lavagna (en referencia al pedido de eliminación de las retenciones, “si el problema es ideológico, que formen un partido político, ganen las elecciones y eliminen las retenciones”) de formar un partido frutihortícola.
Quién le dice que ganan y los cambian.
Horacio Esteban |
Especial para Infocampo
