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Empresarios se quejan de las Tasas de Abasto cobradas por municipios

Las Tasas de Abasto o gravámenes que los municipios cobran al comercio y la industria por introducir alimentos y bebidas en sus jurisdicciones tienen una "incidencia negativa sobre la actividad empresarial vinculada a la producción y comercialización" y sobre los precios que pagan los consumidores.

Las Tasas de Abasto o gravámenes que los municipios cobran al comercio y la industria por introducir alimentos y bebidas en sus jurisdicciones tienen una "incidencia negativa sobre la actividad empresarial vinculada a la producción y comercialización" y sobre los precios que pagan los consumidores.
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Esta fue una de las conclusiones del encuentro “Tasas de Abasto: abuso de municipios, mayores costos para el comercio, la industria y el consumidor”, realizado esta mañana en la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y que contó con la participación de más de 120 empresarios del sector.

Estos gravámenes “constituyen un abuso que dificulta y encarece el tránsito hacia las bocas de expendio de productos que ya han cumplido con todas las obligaciones sanitarias establecidas en el Código Alimentario Nacional y exigidas por el SENASA y el ANMAT”, se aclaró en el encuentro.

En este sentido, Carlos de la Vega, presidente de la CAC, calificó a las tasas de abasto como “verdaderas aduanas interiores” y explicó que los municipios “exigen la inscripción y le cobran tasas por su habilitación a los vehículos de carga ya autorizados por el SENASA”.

De la Vega destacó que este tipo de impuestos no son otra cosa que “derechos que cobran por abastecer a las jurisdicciones” y señaló, como ejemplo, que el Municipio de 3 de Febrero percibe 15 centavos por kilo de pan “importado” desde otro Municipio”.

Además, “la gran mayoría cobra tasas sobre leche, carne, pollos, pastas, pan, cualquier bebida y hasta el agua mineral, cuya producción ya ha sido controlada por entidades nacionales”, enfatizó el titular de la CAC.

En su discurso, De la Vega recordó que “se habla de alentar a empresas, particularmente a las pymes y, sin embargo se las obliga a registrarse en cada municipalidad, también a cada vehículo y pagar por ello una tasa. Y luego de registrarse deberá pasar a pagar un impuesto cada vez que distribuyen en cada comuna con los consecuentes costos en dinero y tiempo que perjudican el crecimiento de la industria y el comercio”.

Por este motivo, desde la CAC se anunció que se iniciarán conversaciones con los intendentes comunales y se convocará a los 450 concejales del Gran Buenos Aires, a las autoridades de la Cámara de Senadores y Diputados de Buenos Aires y el de las Comisiones de Comercio y Economía del Congreso de la Nación “para comenzar a instalar el tema con el objeto de encontrar una solución”.

Por su parte, Ovidio Bolo, Presidente Honorario de la Federación Argentina de Supermercados Y Autoservicios, consideró que Tasas de Abasto que aplican al menos 2171 municipios “no responden a servicios públicos efectivamente prestados” y destacó que estos gravámenes “violan el Pacto Federal de la Producción y Empleo, del 12 de agosto del 93, donde las provincias se comprometieron a derogar este tipo de gravámenes”.

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