“Nos llama la atención la intención de aplicar medidas que podrían provocar inseguridad jurídica y, en vez de fomentar la creación de empleos, desalienta la formación de nuevos puestos laborales, ante la posibilidad de incremento de costos y volver a la industria del juicio”, dijo CRA.
La entidad concluyó que “antes de poner en vigencia esta nueva iniciativa, debe contar con el más amplio consenso de todos los sectores afectados”.
