El cobro de la denominada “tasa de abasto” fue suspendido en los partidos de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverria, según lo dispuesto por la jueza Federal de Lomas de Zamora, Laura Benavides, en una causa presentada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) contra el impuesto requerido por varias comunas bonaerenses.
El “recurso lo presentamos en la justicia federal, debido a que se estaba cobrando una tasa por inspección y esto es una función específica del INV”, conferida por la ley 14.878, explicó Tomas a Infocampo.
En concreto, el INV presentó tres recursos de insconstitucionalidad, con medida cautelar, que abarca a los 9 municipios que estarían cobrando la tasa.
En sus considerandos, la jueza Benavides interpretó que el cobro de la tasa es inconstitucional debido a que “se halla en pugna con las diposiciones contenidas en varios artículos de la Constitución Nacional, en la Ley de Cooparticipación Federal y en el Pacto Federal para el Empleo”.
A escasos días de la reunión mantenida entre el gobernador de Buenos Aires y los mandatarios de las provincias vitivinícolas afectadas por la medida, Tomas aclaró que “estoy utilizando la vía judicial y no la política, porque esto es incorrecto e ilegal”.
En diálogo con Infocampo, el titular del organismo cuantificó que los 10 centavos que se estaban cobrando en algunos municipios “representan el total de la rentabilidad del vino básico”.
Esta tasa variable, de entre 1 y 10 centavos, “representa un perjuicio muy grave para la vitivinicultura e impacta directamente en los productores primarios, por la parte más débil de la cadena”, aseguró Tomas.
La tasa se estaba cobrando en concepto de inspección, “lo que es una función específica del INV”, recordó Tomas, para inmediatamente aclarar que el instituto a su cargo “no va a cobrar ningún impuesto por este concepto, debido a que el presupuesto que maneja el INV está basado en lo que se le destina del presupuesto nacional”, entre otros ingresos como servicios específicos y multas por violar la ley de vinos.
El funcionario dijo que como “semanalmente se sumaba un municipio más, el INV decidió accionar judicialmente y este resultado es un mensaje claro para otras comunas que comenzaron a analizar el cobro de esta tasa”.
El otro tema que desvela a las provincias vitivinícolas es el alcance de la Ley de Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas (REBA).
Según dijo la directora del Reba, Lelia Areco, quien llegó hoy a Mendoza para comentar la implementación de esta nueva ley, este impuesto comenzó a aplicarse a partir del pasado 1 de abril, e implica tener una licencia para poder comercializar en la provincia de Buenos Aires.
Desde Mendoza y San Juan, los bodegueros hace más de una semana que vienen planteando una flexibilización para obtener la licencia, que incluye la habilitación municipal del comercio y la declaración jurada de Ingresos Brutos, preocupados por la inminente reducción de las bocas de expendio para uno de sus principales productos.
Marianela Garbini
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