La expresión “responsabilidad social” suena cada vez con más fuerza en el ámbito agropecuario. Sin embargo, ese concepto de trasfondo ético y humanitario podría ser manipulado con fines proteccionistas. “Las normas de responsabilidad social podrían convertirse en la más importante barrera no arancelaria desde los países centrales, hacia los países productores en vías de desarrollo”, advierten Juan Manuel Alderete y Ricardo Gerardi en un trabajo publicado por la Sagpya. Y señalan que cada vez tiene más peso el concepto de “dumping social”, que se podría aplicar a los países cuyas empresas pagan bajos salarios y ofrecen condiciones precarias de trabajo y escasa protección social. Otro informe, difundido por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), pone en evidencia la creciente presión de los grandes compradores por tratar con empresas que demuestran objetivamente su respeto por la ética en los negocios. El problema se acentuará si se impone el sistema de certificación SA (Social Accountability) 8000. Al igual que las normas ISO, el SA 8000 utiliza un sistema de acciones correctivas y preventivas, y cita varias normas internacionales, incluyendo la declaración universal de derechos humanos, la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y once convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Estas normas pretenden cubrir distintos aspectos sociales: trabajo infantil, trabajo forzoso, salud y seguridad, asociación libre y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horarios de trabajo, compensación y sistemas de gestión. El sistema permite a las grandes empresas productoras e industriales certificarse como empleadores con responsabilidad social y laboral. El movimiento global hacia la responsabilidad social representa una causa loable. Pero es necesario un análisis crítico. No olvidemos que a veces el lobo se disfraza de cordero.
Sebastián Massana – Especial para Infocampo
