El productor agropecuario contribuyó en estos últimos años a forjar la prosperidad que se advierte en algunas regiones del país. Sin embargo, quienes sembraron maíz en el 2004, a pesar de los buenos rindes esperados, se encontrarán en una situación económica de quebranto, debido a los bajos precios esperados a cosecha. Varios factores determinan la gravedad de la situación actual y, entre los más relevantes figuran: la fuerte caída en los precios internacionales del maíz, el aumento de valor de los insumos y la presión impositiva.
La aplicación de retenciones a la exportación, que determina también el precio interno, fue decidida por el Gobierno en un momento en el cual imperaban condiciones favorables para la producción. Si agregamos el 20% de impuesto a las exportaciones que aplica nuestro país, se nos coloca en obvia desventaja con los productores internacionales. Todos estos factores, acompañados por el aumento de los insumos directos para la producción, hacen que hoy, con un precio que oscila entre 55 y 60 dólares por tonelada, no se llegue siquiera a cubrir los costos. Se necesitan, según las zonas, entre 70 y 90 qq/ha de producción para afrontar los costos directos que genera el cultivo, sin incluir los costos de estructura, alquiler e impuestos provinciales y municipales (red vial e inmobiliario). Y cabe aclarar que el rendimiento promedio se ubica hoy en alrededor de 65 qq/ha. Si no tuviésemos esta retención interna, la producción pese a las variables internacionales sería todavía rentable.
La Argentina y sus agricultores disponen de la mejor tecnología mundial, maíces genéticamente mejorados adaptados a las zonas templadas, fertilización ajustada a los requerimientos de los cultivos, un excelente aprovechamiento del agua en el suelo con siembra directa, y maquinaria de alta tecnología. En la actualidad existen programas para desarrollar maíces en zonas nuevas, y para industrializarlo en regiones alejadas de los puertos con costos de fletes elevados. Además, el maíz cumple un rol fundamental en la rotación de los cultivos, incrementando así los rendimientos de la soja y el trigo y manteniendo la estructura y balance nutricional de los suelos. Por estas razones, antes de que la situación se tornara adversa, se planeaba un aumento del área de la producción e industrialización en el interior, que generaría, entre otros beneficios, nuevas fuentes de empleo para el país. Creemos que la situación es grave y requiere de medidas políticas inmediatas y concretas. Todavía estamos a tiempo para abrir el diálogo y buscar formas de cooperación y contacto que beneficien tanto al Estado como a los productores, para corregir una situación que podría generar el desmantelamiento de gran parte de lo que con esfuerzo se ha construido. Nuestras instituciones están dispuestas a cooperar en la búsqueda de soluciones para salir adelante.
Juan J. Avellaneda
Presidente de MAIZAR
