No se puede dejar de ver la necesidad que tiene el país de contar con un sistema legal que resguarde la propiedad intelectual, termine con la impunidad y retribuya la investigación como el único camino para promover la innovación y la incorporación de tecnología.
Sin embargo, las pretensiones de la compañía Monsanto de cobrar regalías sobre la soja RR, cuya patente nunca registró en la Argentina, parecen desproporcionadas y más aún el sistema de cobro que pretende imponer gravando las exportaciones (implicaría estatizar el cobro de las regalías).
La biotecnología ha sido uno de los factores más importantes en la multiplicación de la producción argentina y lo será en los próximos años, pero no justifica generar un mecanismo de recaudación distorsivo para el funcionamiento de la economía de mercado y las instituciones.
Cabe recordar que la introducción de la soja RR en la Argentina tuvo una tasa récord de adopción y la misma fue fomentada por la misma Monsanto y las compañías licenciatarias de las variedades, porque la estrategia fue cubrir rápidamente la mayor superficie en Sudamérica para combatir la resistencia que pudiera suscitarse a nivel global contra los transgénicos y porque el negocio se veía en la venta del glifosato.
Al vencerse la patente del glifosato, las posteriores importaciones desde China redujeron los márgenes de ganancia e incluso determinaron que Monsanto realizara una presentación por dúmping, la cual fue rechazada por el Gobierno tras dos años de evaluación.
Al mismo tiempo, no se puede perder de vista que el precio del glifosato aumentó 150% desde el año pasado y que la causa ha sido el freno de las exportaciones chinas a la Argentina. No parece ser casualidad que dichas exportaciones de glifosato se frenaron inmediatamente después de que Monsanto lograra que China apruebe seis de sus variedades de soja transgénica para ser introducidas en ese país.
Algunos operadores del mercado de insumos indican que habría una suerte de cartelización del mercado internacional y regional de glifosato.
Monsanto es una de las compañías que más ha invertido en el desarrollo tecnológico y de la producción argentina, pero al mismo tiempo debe haber percibido grandes retribuciones en el proceso y nuevamente tiene un gran negocio en el glifosato al valor actual (con este precio, si se mantiene en el tiempo, se podría estar cobrando con creces lo invertido en la soja RR).
Dentro de la propuesta de Monsanto tampoco puede esperarse que la bolsa fiscalizada bajará de costo porque no les cobre regalías a sus licenciatarias si comienza a cobrar de las exportaciones.
Tampoco es cierto, como se afirma en muchos medios, que Monsanto está cobrando en Brasil sobre las exportaciones por la soja RR.
No puede ser desde el momento en que la soja RR no ha sido aún oficializada por ley, y además fue sólo a un barco que por una medida cautelar pudo parar la descarga en el país de destino y cobrar al importador para liberarlo.
Si el sistema actual de regalías extendidas no ha dado buenos frutos, es por la falta de control y por la impunidad que reina en la Argentina, y no porque el sistema sea malo en sí. En los países desarrollados funciona, porque quien vende semilla de bolsa blanca delinque y va preso, además de enfrentar juicios por desfalco. Si por el no funcionamiento de las instituciones se va a cobrar todo centralizado, entonces pasemos a una economía planificada donde toda la comercialización la realice el Estado.
Así también justifica el Gobierno la política de retenciones a las exportaciones, porque dicen que el agro no paga el Impuesto a las Ganancias. Aunque en este caso, coincido con el secretario de Agricultura, Miguel Campos, de que no se puede aceptar la pretensión de Monsanto.
Hay que fortalecer las instituciones, y ser las mismas entidades empresarias (Bolsas de cereales, asociaciones acopiadoras y cooperativas y entidades agropecuarias), las que junto al INASE generen un poder de control para garantizar que no se comercialicen sino semillas fiscalizadas y que se combata al mismo tiempo la evasión y se penalice a los delincuentes. Todos somos responsables y todos conocemos a muchos que actúan en la marginalidad.
Si la cadena comercial, y en especial las entidades agropecuarias, no enfrentan la solución del problema con compromiso, ésta podría ser impuesta con la simplificación distorsiva de mayor costo sobre las exportaciones, o afectarse la incorporación tecnológica en los próximos años.
