Desde el inicio de mis funciones como senadora a fines del 2001 he tenido la oportunidad de presidir la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Honorable Senado de la Nación, encontrándome directamente relacionada con las diversas problemáticas que afectan al sector agropecuario, a las cuales hemos intentado brindar una solución posible desde este ámbito legislativo.
En este contexto, he recibido la inquietud sobre la posibilidad de avanzar en alguna normativa para reducir el alto costo del seguro agropecuario, en un país con recursos financieros extremadamente limitados.
En el 2002, luego del acuerdo con representantes del sector, hemos presentado el proyecto de ley de fomento al desarrollo del seguro agropecuario (expediente 200-S.-03), de mi autoría, con el objetivo de promover el uso de un instrumento, que permita a los productores manejar de manera preventiva el riesgo climático.
Luego de un extenso análisis de legisladores y asesores, dicho proyecto tuvo dictamen conforme de tres comisiones del Congreso Nacional -Agricultura y Ganadería, en Diputados, y Agricultura, Ganadería y Pesca, y Presupuesto y Hacienda, en Senadores- obteniendo así su voto afirmativo tanto desde la perspectiva de su importancia para el sector agrícola, como desde su casi nula incidencia en el Presupuesto nacional. Actualmente, dicho proyecto se encuentra en tratamiento en la Comisión de Economía de Diputados.
En este sentido, resulta de mi mayor interés hacer públicas las razones por las cuales dicho proyecto reviste gran importancia para el sector, con el objetivo de acercar una solución factible a dos limitaciones clave para el desarrollo del mercado de seguros agropecuarios en nuestro país: la alta carga impositiva y la falta de información. Por un lado, la normativa pretende que las operaciones de seguros agropecuarios obtengan similares beneficios impositivos respecto del IVA que aquellos que poseen las operaciones de seguros de retiro y de vida.
El costo del contrato del seguro que todo productor debe pagar para garantizarse la reparación de daños se compone, principalmente, de la prima técnica (definida en función de los riesgos agroclimáticos de la superficie asegurada), los gastos comerciales y los impuestos y sellados nacionales y provinciales. Dentro de los impuestos, el IVA representa entre 21 y 26%, dependiendo del monto, siendo una de las principales causas de elevación del costo de la prima.
Por otro lado, el proyecto contempla el compromiso del Estado de avanzar en el desarrollo de un sistema de información que permita identificar y evaluar el impacto de la variable climática sobre los distintos cultivos y las zonas productivas, a través de los mapas de riesgo agroclimáticos.
Objetivos del Proyecto
El objetivo de incluir esta medida es poner a disposición de los distintos grupos involucrados en el sector -especialmente aseguradoras, brokers y entidades crediticias- información objetiva y a nivel nacional sobre la probabilidad de ocurrencia de los distintos fenómenos climatológicos y los riesgos a los cuales se encuentran expuestas las producciones agropecuarias.
Por otro lado, para los agricultores, sin dudas, la exención les permitirá reducir el costo de la prima en igual porcentaje que el IVA existente, fomentando el uso de instrumentos que les permitan recuperar -en el menor tiempo posible- su capital de trabajo y su actividad ante un siniestro climático adverso, y los posicione como verdaderos empresarios que prevén riesgos y planifican cómo cubrirse frente a las probables pérdidas.
En el caso de las aseguradoras y entidades crediticias, el Estado estaría invirtiendo en investigación de gran utilidad y produciendo un bien público (sistema de información y evaluación del riesgo) de difícil desarrollo para las entidades privadas. En este sentido, confiamos en que dichas entidades tienen una visión estratégica de mediano y largo plazo y que adecuarán sus costos actuales en pos del potencial efecto que poseen las soluciones propuestas.
Por último, cabe mencionar que en las experiencias internacionales se observa que el desarrollo del seguro agrícola depende, en gran medida, de un papel activo del Estado, que se caracteriza por implementar esquemas de generación de información para la reducción del costo de la prima (a mayor información y evaluación, mejor cálculo del riesgo real de la zona a asegurar) y programas de ayuda directa (bonificación parcial de la tasa) e indirecta (exención y/o diferimiento impositivo).
Sin dudas, el proyecto intenta distribuir entre todos los involucrados los esfuerzos necesarios para el desarrollo de un mercado asegurador fuerte y hasta competitivo, manteniendo la premisa de que las medidas allí incluidas son complementarias y no excluyentes del desarrollo a futuro de instrumentos de ayuda directa, los cuales no deberían concentrarse en estas dos limitaciones sino en bonificar el costo de una prima técnica que resulta ya casi imposible reducir.
