Un 50% de la superficie trabajada en los campos de Santiago del Estero se encontraba afectada por el impuesto a las Tierras Improductivas, introducido por la ley 6.309, de 1996.
Un total de 6.000 productores sufrían el efecto de este gravamen, la mayoría de los cuales representados por chacareros del segmento medio y con menos de 300 hectáreas.
Este impuesto instalado por el juarismo en julio de 1996 y reglamentado a través del decreto 1.479 de octubre del mismo año, “afectaba particularmente al mediano productor propietario, porque gravaba predios mayores de 30 hectáreas en zona de riego y de 300 hectáreas en secano”, sostuvo Alberto Barbuto, subsecretario de Recursos Naturales, Bosques, Forestación y Asuntos Campesinos, al anunciar la eliminación de esta ley.
El funcionario puntualizó que este gravamen que pesaba sobre los productores “redundó en la práctica en un encarecimiento del capital de trabajo, debido a que el mediano propietario tenía que vender su tierra o buscar el modo de que su campo no fuera calificado de improductivo, porque el aumento de los impuestos en muy poco tiempo alcanzaba el mismo valor que tenía su tierra”.
“Tampoco esta ley -agregó- consideraba al trabajo personal como inversión productiva, por ejemplo, el laboreo en los montes naturales era absolutamente calificado como una inversión no productiva, situación que afectaba a 50% de la superficie y a casi 6.000 productores, en realidad a 9.000, porque unos 3.000 medianos productores presentaban sus declaraciones para que su tierra no fuera declarada como improductiva”.
Barbuto, indicó que “la intervención ha dispuesto eliminar este impuesto con el objeto de poner en marcha la producción de Santiago del Estero y, con ello, mejorar la calidad de vida de esta provincia”.
Para atrás
Si bien la derogación del impuesto rige desde ahora y hacia adelante, es una incógnita saber cómo se resolverán los casos de multas y penalidades aplicadas a productores por la falta de cumplimiento de este gravamen y que ya llegaron inclusive al ámbito de la Justicia.
Al ser consultado sobre este tema, Barbuto expresó a Infocampo que “existen algunos casos en los que la Justicia tendrá que decidir. El Ejecutivo provincial va a ver cómo puede colaborar para resolver estos problemas y en los casos que tenemos en la Secretaría de la Producción van a ser vistos con la óptica de lo que en realidad constituyó una injusticia para los medianos productores de Santiago del Estero”, indicó Barbuto.
Agregó que “sobre la deuda acumulada no tenemos el monto, pero estamos hablando de 6.000 productores en esta situación. Esta ley por la cual se deroga este gravamen permite parar la situación para que no se siga aumentando esto como una bola de nieve y resolver los temas para atrás como se deben resolver”.
Para el dirigente Pablo Karnatz, representante de CRA, “ésta es una medida que hemos solicitado para un impuesto que siempre nos había parecido incoherente y prehistórico desde el gobierno anterior, así que para nosotros es realmente un adelanto y es importante lo que dijo Barbuto en cuanto al beneficio para el mediano productor que es el que estaba afectado por falta de capital, de crédito y de posibilidades de desarrollar su campo”.
El chacarero, agregó que “es una medida importante y esperamos que sea el primer paso para la eliminación de otros impuestos distorsivos”.
Karnatz también tuvo objeciones para otra de las herencias del juarismo, como es el gravamen de 1% que termina pagando el productor de hacienda por la venta de cada ternero, cada toro o cada vaca que comercializa a un comprador de otra provincia, lo que no sucede en las jurisdicciones limítrofes.
José Antonio Aranda
Corresponsal de Infocampo en Santiago del Estero
