La soja tolerante al herbicida glifosato se introdujo comercialmente en Argentina en 1996. A partir de allí, la utilización de cultivos genéticamente modificados (GM), alcanzó las 24,5 millones de hectáreas en el país (2015/2016). Los agricultores adoptaron rápidamente las tecnologías ofrecidas por la biotecnología “con una dinámica de adopción sin precedentes a nivel mundial y local y que ha llevado a que las variedades GM representen hoy en Argentina casi la totalidad del área cultivada con soja, maíz y algodón”, indicaron desde el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio).
Según un trabajo realizado por el Dr. Eduardo Trigo para esa entidad, este proceso de adopción le ha reportado al país, a lo largo del período 1996‐2016, un beneficio bruto acumulado de 126.969,27 millones de dólares. Estos beneficios fueron en un 66% al sector productivo, un 8% a los proveedores de tecnologías (semillas y herbicidas) y un 26% al Estado Nacional (a través de las retenciones a la exportación). Para poner estas cifras en contexto, entre 2011 y 2015, el Estado Nacional recaudó, sólo por las exportaciones de soja, el equivalente a 1,4 veces el costo anual del programa Asignación Universal por Hijo.
En el plano social y considerando los excedentes generados a través del uso de estas tecnologías, el estudio señala que a lo largo de estos 20 años este excedente habría creado un total de 2.052.922 de puestos de trabajo.
El informe menciona también algunos impactos ambientales relacionados con los cultivos GM, haciendo énfasis en la sinergia que hay entre la adopción de estas tecnologías y la práctica de la siembra directa, considerando lo positivo de esta práctica para la conservación de los suelos, las emisiones de gases de efecto invernadero, el secuestro de carbono y la eficiencia energética de las labores agrícolas. Al mismo tiempo, el autor alerta también sobre otras cuestiones que deberían considerase pensando en la competitividad y sustentabilidad de nuestra agricultura, como la necesidad de rotar cultivos y principios activos, reponer nutrientes e implementar refugios en el caso de los cultivos resistentes a insectos.
El estudio resalta la importancia de mantener a la biotecnología agrícola como una política de Estado. En este sentido, enfatiza que el futuro será de creciente complejidad en cuanto a la demanda de soluciones tecnológicas para que la producción agropecuaria argentina continúe en el camino expansivo que ha tenido en las últimas décadas. “El desafío es generar las condiciones institucionales para que dichas tecnologías se hagan disponibles. El respeto a la propiedad intelectual, los marcos regulatorios sólidos y basados en ciencia, así como las negociaciones internacionales efectivas, son aspectos clave para alentar las inversiones en investigación y desarrollo, así como para sostener políticas de biotecnología de largo plazo”, señalaron desde ArgenBio.
“La biotecnología es un componente esencial para hacer frente de manera sustentable a las demandas de una población en constante crecimiento, con recursos cada vez más escasos y acotados por los efectos del cambio climático; el desafío está en encontrar los senderos e instrumentos de políticas adecuados para las necesidades de estos tiempos, de manera de asegurar que el país pueda seguir siendo, como hasta ahora, líder en este campo del desarrollo tecnológico”, agregaron en un comunicado de prensa.
Los beneficios económicos por cultivo y por sector
De acuerdo a ArgenBio, en el caso de la soja tolerante a glifosato, los beneficios sumaron 118.355,91 millones de dólares – el equivalente al 25% del PBI de 2015. De estos beneficios, el 65,9 % fue al sector productivo, el 27,4 % al Estado Nacional (a través de las retenciones a la exportación) y el 6,7% a los proveedores de tecnologías (semillas y herbicidas en partes aproximadamente iguales).
En el caso del maíz, las tecnologías de resistencia a insectos y tolerancia a herbicida aportaron beneficios por un total de 5.110,50 millones de dólares, de los cuales 45,2% fueron para los productores, 17,7% para el Estado Nacional y 37,1% para los proveedores de tecnologías (principalmente semillas).
Finalmente, los beneficios en el caso del algodón resistente a insectos y tolerante a herbicida fueron de 3.102,86 millones de dólares y fueron mayoritariamente a los productores (95,09%) y un 4,91% para los proveedores de las tecnologías (semillas y herbicidas).
