“Cabe preguntarse qué está pasando en la Argentina de los últimos 25 años para que una fábrica de dulce de leche de reconocida calidad en el mundo no sea rentable”, escribió el ex presidente del Banco Central Javier González Fraga en una columna de opinión, según publicó iProfesional.
El economista tomó el caso de La Salamandra, establecimiento que fundó y producía ese producto que llegó a las vitrinas de tiendas internacionales como Dean & Deluca, William & Sonoma, Harrods, donde, en muchos casos, era el único artículo del hemisferio sur.
El ex dueño le puso ese nombre “por un libro de Morris Westen en el que una secta italiana de la posguerra se llama así porque sobrevivía en el fuego, o sea, en el infierno”, detalló.
Sin embargo, la compra de la compañía por parte de Cristóbal López en 2012 -en medio de un conflicto sindical- no llevó a hacerla rentable y al final tuvo que cerrar sus puertas.
Detallada la historia y su punto de vista personal, González Fraga tomó este caso de referencia para preguntarse por qué empresas agroindustriales, típicas de la Argentina, ya no tienen la rentabilidad que gozaban en sus comienzos.
“La Argentina de 50 o 70 años atrás vio crecer fortunas de la mano de los fundadores de Havanna, de Arcor, de Mastellone, de Molinos, de Terrabussi y de tantos otros nombres ligados a las actividades agroindustriales que combinaban las materias primas que proveía nuestra tierra con las técnicas y el espíritu emprendedor de esos inmigrantes”, recordó Fraga.
“Sin embargo, en los últimos 40 años, las nuevas fortunas están asociadas a la especulación financiera, a la soja, a las actividades reguladas, como la minería, el petróleo, los servicios públicos privatizados o el juego. O directamente a los proveedores del Estado”, apuntó.
Destacó que el caso de La Salamandra no es el único.
Lo mismo sucedió durante “la década ganada” con las bodegas argentinas, que no resultan del todo rentables y también con productores de yerba mate, los olivares y sus aceiteras, la industria frigorífica, y las prestigiosas empresas lácteas, entre otras.
Sin embargo, Fraga planteó: “Resulta obvio que las actividades agroindustriales deberían ser de las más rentables y dinámicas en un mundo demandante de alimentos finos, considerando las ventajas que tiene nuestro país en estos rubros”.
¿Cuáles son las razones del fracaso?
A continuación, los puntos a tener en cuenta enumerados por el economista para entender porqué las firmas familiares, históricas de la Argentina, hoy no muestran mejores cifras:
1. Atraso cambiario del 30%
En más de la mitad de los últimos 40 años, la Argentina tuvo una moneda fuertemente apreciada que atentó contra la rentabilidad de la exportación de estas actividades.
A veces con música de derecha, como en los 90, otras veces con música de izquierda, como en la década kirchnerista, pero siempre el atraso cambiario fue una herramienta del populismo cortoplacista, ya que es la decisión consciente de los políticos que procuran conseguir apoyos fáciles, permitiendo que salarios industriales mediocres puedan comprar celulares, plasmas, motos, viajes y autos, todos productos importados.
Obviamente, con el tiempo, cae el empleo y se deterioran las cuentas fiscales y externas, y consecuentemente desaparece esa burbuja artificial; pero mientras tanto se ganan elecciones y se acumula poder político.
2. Elevadísima presión tributaria (44%)
Las Pymes agroindustriales que trabajan en la legalidad soportan una presión tributaria, incluidos impuestos al trabajo, que duplica la prevaleciente en la Europa mediterránea.
Es entre 10 y 15 puntos más alta que la que sufren las Pymes de la región.
En todo el mundo desarrollado hay ventajas impositivas para las empresas pequeñas, no porque sean más débiles, sino porque no tienen los recursos ni la tecnología de las grandes empresas para eludir legalmente impuestos.
Entonces, una pequeña empresa como La Salamandra, que cumple rigurosamente con las leyes, se ve expuesta a la competencia desleal de las otras que logran evadir impuestos ante la mirada complaciente del gobierno.
3. Alta Rigidez sindical
Lo que es lógico que un sindicato exija en una empresa grande se hace inviable para una empresa, donde es imprescindible cierta flexibilidad en la asignación de tareas y de horarios.
Sin embargo, destacó Fraga, “nuestras normas sindicales prohíben esta flexibilidad y encarecen los costos laborales hasta lo insoportable”.
4. Exceso de regulaciones
Hay un exceso de regulaciones de Senasa y otros organismos de control.
“He recorrido numerosas pequeñas empresas queseras de Inglaterra, Francia e Italia, y la inmensa mayoría no cumpliría con las exigencias de nuestro Senasa, a pesar de la excelente calidad de sus productos”, apuntó el econonimista.
Al igual que las exigencias sindicales, son normas pensadas para las empresas más grandes; al imponerlas a las pequeñas, las sacan del negocio.
Incluso, en materia financiera no hay distinción en los requisitos para el otorgamiento de un crédito de cientos de millones de pesos con otro mil veces más chico.
5. Castigo a los productores
Bajo esta bandera, este Gobierno castigó injustamente a los productores de los alimentos básicos, creyendo erróneamente que así contribuía a paliar el hambre que sufre un 10% de los argentinos.
Debería haber implementado un plan de subsidio en dinero a los necesitados, en lugar de entorpecer la producción de alimentos, lo que llevó a la escasez de pan, leche y carne, lo que provocó un alza excesiva en sus precios.
Además de los controles de precios, “tuvimos que soportar precios máximos y trabas a las exportaciones, y una burocracia que hacía inviable la exportación de alimentos perecederos, como los quesos que exporta La Salamandra”, recalcó.
“Seguramente los accionistas y gerentes de La Salamandra tienen alguna responsabilidad adicional a las limitaciones que el entorno le impuso a la empresa, y esta nota no pretende exculparlos. Pero debemos llamar la atención de las clases dirigentes sobre la problemática de las Pymes agroindustriales, porque son cientos de miles de emprendimientos que podrían crear millones de puestos de trabajo legales y bien pagos, y también generar exportaciones e impuestos para una Argentina productiva. La Salamandra merece salir de este infierno”, concluyó Fraga.
